Roberto Pico
“Cortar la obra pública de cuajo” es una de las máximas del presidente, Javier Milei, para alcanzar el equilibrio presupuestario, lo cual derivó en una disminución del 73% en los niveles de inversión en las provincias durante su primer año de Gobierno, pero la decisión comienza a impactar en la producción y el desarrollo.
Esta situación fue advertida por los gobernadores en diferentes ocasiones y se convertirá en uno de los ejes políticos de diferenciación en la próxima campaña electoral.
Si bien la Casa Rosada intentó suplir su ausencia transfiriendo parte de la responsabilidad a las provincias, existen obras que requieren de su asistencia.
A raíz de esta situación comienzan a aparecer cada vez con más fuerza reclamos sectoriales para corregir esta situación.
Según un informe privado, durante el año pasado la inversión real directa del Estado Nacional en provincias y Ciudad de Buenos Aires fue de $ 543.590 millones, que representa una baja de 73,4% con relación a 2023.
“Las construcciones (que representaron el 62% de la inversión real directa) mostraron una caída del 73,9% real interanual y el resto de los componentes de la inversión (38% del total) presentaron baja del 72,6% real interanual”, precisó la consultora Politikon Chaco.
La situación en las provincias
Córdoba fue una de las provincias más castigadas por la decisión del poder central, ya que la poda de partidas sufrió una disminución de 82,8%, 9,4 puntos menos que el promedio total del país. En lo que refiere a “construcciones” la situación fue aún peor con una merma de 84,5%.
De acuerdo al trabajo que fue realizado en base a datos oficiales, durante 2024 Córdoba recibió $ 11.623,3 millones para construcciones, que fueron asignados de la siguiente manera: Autopista RN Nº 8 Río Cuarto - Holmberg $ 5.554,5 millones; construcción de Autopista en Variante RNl N° 158, Tramo: RN N° 9 - RP N° 2 $ 2.675,7 millones; repavimentación Corredor 4 $ 1.130,1 millones. Para el resto de las obras se destinaron $ 2.263.
Si bien en las provincias ya descuentan que la situación se repetirá en 2025, la no aprobación del presupuesto nacional para este año hace suponer que la situación será peor aún, dado que además lo poco que se gire desde Buenos Aires estará influenciado por el clima político.
En este contexto varios gobernadores empiezan a jugar ese partido ante la falta de respuesta del Gobierno nacional.
En una reciente visita a la localidad de Villa del Dique, el mandatario local, Martín Llaryora, destacó el valor de la obra pública: “Una de las cosas que nos está distinguiendo a los cordobeses, es la inversión en infraestructura. La infraestructura para nosotros es una parte central del progreso, del crecimiento”.
Y dejó una frase con impacto directo a nivel nacional: “En Córdoba también tenemos superávit, pero queremos una economía con los vecinos adentro”.
Con un enfoque similar, el mandatario de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, anunció en las últimas horas una inversión de $ 41.000 millones para la construcción del tercer carril de un tramo de la Autopista Rosario – Santa Fe. Durante el acto en el que se presentó la obra no se ahorraron críticas a la ausencia del Estado nacional.
Reclamo directo
Frente a este escenario, en los últimos días la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) le envió una nota al secretario de Obras Públicas nacional, Luis Enrique Giovine, para que se avance en la reparación de las Rutas Nacionales N° 12 y 14. Ambas arterias abrazan la Mesopotamia y son esenciales para el traslado de la producción nacional hacia el Mercosur.
En la nota la CAC planteó la importancia estratégica que tienen ambas rutas, pero al mismo tiempo advirtieron que “el deterioro constante”, además de los costos de logística, está provocando un “alarmante aumento de acciones viales”.
En el Ministerio de Economía, y en especial en la secretaría de Obras Públicas, evitaron hacer comentarios sobre cuál es el plan de infraestructura a desarrollar en los próximos meses.