Carolina Ramos
Tras casi dos meses sin novedades, el Senado comenzó a tratar el proyecto que busca llevar un “alivio” a las más de 100.000 familias tomadoras de créditos UVA, pero tanto en el oficialismo como en la oposición plantearon discrepancias con el texto aprobado en la Cámara de Diputados y decidieron convocar a deudores y bancos antes de avanzar en la firma de un dictamen.
La discusión arrancó este miércoles en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que preside el oficialista Ricardo Guerra, luego de que el oficialismo decidiera sumar este tema al debate de la Ley de Alquileres, como parte de un “triple paquete” que también incluirá otra iniciativa sobre alquileres temporarios con fines turísticos.
Sin embargo, los senadores plantearon dudas y dejaron entrever que el proyecto de Diputados sufrirá cambios. “Por la información que tenemos, no hay mucha conformidad respecto al tenor de este proyecto. Aspiramos a escuchar a todas las partes”, señaló Guerra después de explicar los alcances de la propuesta.
En el mismo sentido se expresó la camporista Anabel Fernández Sagasti: “La media sanción no es satisfactoria para los damnificados. A todos nosotros nos han llamado las asociaciones para ponernos en alerta de que no fue una media sanción consensuada con los damnificados y que no trae una solución. Tenemos que ver cómo hacer para que esto sea una solución definitiva y no un paliativo”.
Desde el radicalismo también hubo señales en contra a pesar de que el proyecto fue empujado por el diputado de la UCR Julio Cobos, quien trabajó buscando consensos en la Cámara Baja para lograr la media sanción.
“Tenemos disidencias con respecto a la media sanción”, dijo el radical Víctor Zimmermann. En diálogo con este medio, el senador planteó dudas en torno al fondo compensador que crea el proyecto y consideró que no hay que creer que con esto “se resolverá el problema de la vivienda”, pero reconoció la situación de “emergencia” y la necesidad de sacar “la ley posible”.
Ante las dudas, los senadores acordaron retomar el debate el próximo miércoles a las 17 con la participación de familias damnificadas y de bancos. Cabe recordar que, en Diputados, las comisiones de Presupuesto y de Finanzas realizaron varias reuniones informativas con actores involucrados antes de emitir dictamen.
“Estamos ante algo semejante, desde el punto de vista conceptual, a la Ley de Alquileres. Es un contrato donde hay dos partes y una tiene una posición de poder frente a la otra”, afirmó Guerra.
Además, dijo que “estas líneas de crédito fueron implementadas en un determinado contexto en el cual nadie preveía la situación que tenemos hoy”. Y agregó: “Si los tomadores de crédito hubiesen sabido de la situación que tenemos hoy, muchos no lo habrían tomado”.
En tanto, Zimmermann aseguró que “lo que estamos viendo en la práctica es que no solo hay un crecimiento exponencial en la cuota, sino que la Justicia está sacando fallos cuando los damnificados dicen que la actualización de sueldos se hace en base al RIPTE y la actualización del crédito se hace en base al CER (Coeficiente de Estabilización de Referencia) o IPC (Índice de Precios al Consumidor)”.
Respecto al ajuste, Sagasti puso como ejemplo que “los Procrear que se dieron en la época de (Mauricio) Macri fueron con UVA y este Gobierno cambió por la fórmula HogAr”, en la que se toma “el Coeficiente de Variación Salarial (CVS), que incluye también a los asalariados no registrados, y el IPC, y el menor es el que se aplica a la actualización”.
Diputados aprobó el proyecto sobre créditos UVA el pasado 6 de julio con 134 votos afirmativos, 40 negativos y 18 abstenciones. Todo el Frente de Todos acompañó la iniciativa, a diferencia de Juntos por el Cambio, que se dividió entre el apoyo, el rechazo y la abstención.
La media sanción establece que las cuotas adeudadas se ajustarán por índice RIPTE (salario formal de la economía) y se crea un fondo fiduciario con aportes mensuales de los bancos para compensar la diferencia entre la cuota calculada en base a salarios y la calculada por UVA.
De esta manera, si la inflación supera a los salarios, el deudor podrá pagar el ajuste por salarios y la diferencia será compensada con el fondo fiduciario. Si la deuda vigente al momento de ejercer la opción implica que el importe de la cuota a abonar supera el 30% de los ingresos actuales, “a opción del deudor se podrá extender la duración del plazo en no más del 25% del originalmente pactado”.
Alquileres temporarios
En paralelo al debate sobre créditos UVA y al de la propia Ley de Alquileres, el Frente de Todos convocó a discutir este jueves a las 11.30 un proyecto para regular los alquileres temporarios con fines turísticos, en las comisiones de Legislación General y de Turismo.
La iniciativa fue presentada por la kirchnerista santacruceña Ana María Ianni y define a los contratos de alquiler temporario turístico como “servicio de alojamiento en viviendas con fines turísticos utilizadas total o parcialmente por un período mínimo de un día que incluya al menos una pernoctación y un máximo de 90 días”. Se toman los mismos parámetros para las viviendas de uso turístico.
Se crea, en el ámbito del Ministerio de Turismo, un “Registro nacional de viviendas de alquiler turístico temporario”. Para poder inscribirse, el propietario o administrador deberá acreditar la habilitación para ofrecer el servicio “emitida por las autoridades competentes de sus respectivas jurisdicciones”, así como el cumplimiento de las obligaciones tributarias y fiscales correspondientes.
Además, las plataformas digitales que “ofrezcan, intermedien y/o celebren contratos de locación temporarios con fines turísticos, deberán habilitar un campo para que el propietario informe el número de inscripción ante el registro de cada unidad” y podrán dar de baja o suspender las publicaciones que no posean ese número.
También se establecen las obligaciones que tendrá el propietario o administrador, como por ejemplo la de “entregar la vivienda en condiciones de habitabilidad y en los términos pactados” y se establecen como sanciones la suspensión o la baja del registro. Para las plataformas, las sanciones van desde multas hasta suspensión para operar en el país o el cese definitivo de actividades en el país.