Carolina Ramos
La Cámara de Diputados activará tras el receso invernal uno de los debates más espinosos a nivel social: la baja de edad de imputabilidad de 16 a 13 años, un proyecto de ley de los ministros de Seguridad, Patricia Bullrich, y de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, del que el Gobierno quiere hacer bandera.
La iniciativa, que promete dividir aguas entre los legisladores, ingresó a la Cámara Baja la semana pasada y ya recibió giro a tres comisiones: Legislación Penal (cabecera), Justicia y Presupuesto y Hacienda, presididas respectivamente por Laura Rodríguez Machado (PRO) y los libertarios Manuel Quintar y José Luis Espert.
Rodríguez Machado, diputada muy cercana a Bullrich, confirmó a este medio que la discusión arrancará la semana próxima, en día a confirmar, con la citación a funcionarios técnicos de Seguridad y Justicia. Luego continuará con exposiciones de especialistas, organizaciones de la sociedad civil y víctimas de delincuentes menores de edad, y concluirá con la firma del dictamen que se votará en el recinto, donde el oficialismo y el PRO esperan sumar a otros bloques.
El proyecto del Poder Ejecutivo crea un nuevo Régimen de Responsabilidad Penal Juvenil donde no solo se baja tres años la edad de imputabilidad sino que también se abordan otras cuestiones conexas, como los principios que deben cumplir los institutos especializados de detención.
La iniciativa consta de 52 artículos y se suma a otras que ya tienen estado parlamentario, presentadas por Álvaro Martínez (La Libertad Avanza), Cristian Ritondo (PRO), Ricardo López Murphy (Hacemos Coalición Federal) y hasta una diputada de Unión por la Patria, María Eugenia Alianiello.
“Estamos ampliando el Régimen para determinada edad, no estamos diciendo que se les dé a los menores las mismas condiciones que a los adultos. Lo que queremos es reducir la criminalidad juvenil con una doble garantía: para el ciudadano, ya que el Estado tomará cartas en el asunto; y para los mismos menores, que quedarán amparados por la Convención”, explicó Rodríguez Machado.
En ese sentido, recordó que el Régimen Penal de la Minoridad actual data de la última dictadura. La Ley 22.278 lleva la firma de Jorge Rafael Videla y es de 1980, 10 años antes de que la Argentina ratificara la Convención internacional de los Derechos del Niño y 14 años antes de que le diera rango constitucional. En 1983 se aprobó una modificación, firmada por Reynaldo Bignone.
“En tantos años de kirchnerismo, donde decían hacer foco en los derechos humanos, nunca se les ocurrió cambiar una ley penal juvenil firmada por Videla. No creo que haya ningún legislador que no se anime a modificar un Régimen Penal Juvenil heredado de la dictadura”, arremetió Rodríguez Machado.
Además, sostuvo que “no se habla de castigar a los menores sino de generar instrumentos desde el Estado para protegerlos” porque “la ley vigente no plantea medidas alternativas para la reinserción social del menor ni cuál es el rol del Estado frente a esta situación”.
Otros proyectos
Entre los proyectos ya presentados, el de Unión por la Patria, firmado por la chubutense Alianiello, mantiene la edad de imputabilidad en 16 años. Ritondo y López Murphy pretenden llevarla a 14 años, y el más audaz es el mendocino Álvaro Martínez, que propone 12 años, siguiendo el modelo de países como Brasil y México.
El proyecto de Martínez también plantea sanciones alternativas a la cárcel, como orientación y apoyo socio-familiar, servicios a la comunidad o internaciones. Y establece diferenciaciones en las penas de prisión: contempla un máximo de hasta 20 años para mayores de 16 años y de hasta 15 años para los que tuviesen entre 12 y 15 años.
“Necesitamos una actualización de la ley porque las organizaciones criminales, lamentablemente, utilizan a los menores y a las familias para cometer delitos porque saben que no tienen ningún tipo de sanción ni de reprimenda. Es un mensaje para que se dejen de utilizar a los menores en determinados delitos, que sepan que va a haber una sanción, que se va a perseguir a aquellos que cometan ilícitos graves o agravados. Tenemos que actualizar la normativa a una realidad que no teníamos antes”, señaló el diputado.