Corresponsalía Buenos Aires
Antes de que el DNU para refrendar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) se hiciera oficial, un grupo de diputados nacionales de Unión por la Patria presentó este lunes una denuncia penal contra el presidente Javier Milei, a quien acusan de “violar” la Constitución Nacional y la denominada “Ley Guzmán”.
Con el patrocinio letrado de Eduardo Barcesat, la denuncia fue presentada por Hugo Yasky, titular de la CTA; los exministros de la anterior gestión Victoria Tolosa Paz y Daniel Gollán; junto a sus pares Juan Marino, Julio Pereyra, Sabrina Selva y Brenda Vargas Matyi.
Para los legisladores kirchneristas, Milei podría incurrir en los delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y las figuras del Título VIII del Código Penal de la Nación (reincidencia). Por eso, le pidieron a la Justicia que suspenda todo acto que pueda consumar esos eventuales delitos.
La denuncia no solo abarca a Milei, sino también a “todos los que en calidad de coautores o partícipes penales hayan tomado intervención, preparación y firma” del DNU en cuestión, que fue anunciado el jueves pasado y será publicado en el Boletín Oficial este martes.
En el escrito de cinco páginas se plantea que la intención del Poder Ejecutivo de aprobar, vía DNU, el pacto con el FMI es “violatoria” de “lo dispuesto por el artículo 75, incisos 4°, 7° y 22° de la Constitución Nacional, agravado por violar, asimismo, la disposición del artículo 76 de la Constitución Nacional, lo que llevaría a configurar los delitos de violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad, artículos 248 y 249 del Código Penal, que podrían encontrarse en concurso con la usurpación de funciones que competen a otros poderes del Gobierno Federal de la Nación”.
También advierten los diputados que Milei incumple la Ley 27.612 (Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública), que en su artículo 2 estableció que cualquier acuerdo de este tipo debe ser avalado por ley del Congreso.
“Estamos en el funcionamiento pleno de la actividad del Congreso de la Nación, por lo que nada obsta al envío de un proyecto de ley que dé tratamiento a la propuesta de un nuevo acto de endeudamiento sobre el patrimonio de la Nación, y que afecta asimismo el arreglo de la deuda externa argentina”, plantearon.
También señalaron que el DNU, “al pretender establecer cómo proseguirá el endeudamiento y cancelación de la deuda pública externa argentina, infringe la prohibición taxativa del tercer párrafo del artículo 99, inciso 3°, que inhibe, sin excusa o excepción alguna, la materia tributaria de las facultades que pueden ser ejercidas por Decreto de Necesidad y Urgencia”.
Para los denunciantes, la “usurpación de atribuciones (del Ejecutivo al Legislativo) es lesiva del orden público constitucional y constituye un peldaño más del derrumbe económico e institucional que atraviesa la Nación Argentina”.
El DNU tendrá vigencia desde su publicación, con fuerza de ley, a menos que el Congreso lo rechace con el voto negativo de la Cámara de Diputados y el Senado. Si, por el contrario, solo una de las Cámaras lo aprueba, el decreto quedará ratificado.