Carolina Ramos
En una postal inhabitual en pleno enero, diputados del oficialismo y oposición comienzan a congregarse en el Congreso en el marco de la convocatoria a sesiones extraordinarias, que tendrá como eje principal el juicio político a la Corte Suprema de Justicia, que comenzará a debatirse el jueves.
Para terminar de pulir su estrategia, los representantes de Juntos por el Cambio en la Comisión de Juicio Político se reunirán este miércoles al mediodía de manera presencial. Allí intentarán afinar los argumentos en contra del juicio a la Corte y analizarán posibles planteos reglamentarios de cara al debate.
La postura del interbloque es la que definió la Mesa Nacional el 10 de enero: esperar a que el oficialismo consiga el quórum por sí solo y, si lo logra, sentarse a dar el debate.
“No hay motivos para iniciar un juicio político, no hay ninguna demostración de mal desempeño. El pedido se funda en dos cosas: en la discrepancia de los denunciantes con tres fallos de la Corte; y en escuchas obtenidas ilegalmente, chats que ni siquiera se sabe si son reales. ¿Esa es la base para denunciar a los cuatro jueces del máximo tribunal del país?”, cuestionó Pablo Tonelli (PRO), uno de los diputados que liderará el rechazo.
En el oficialismo ya preparan la contraofensiva y aseguran que “no se cuestiona el contenido de las sentencias”, sino que “esas sentencias demuestran parcialidad y arbitrariedad, lo que constituye el elemento central del mal desempeño”.
En ese sentido, uno de los argumentos centrales que utilizará Eduardo Valdés, quien encabeza el proyecto del oficialismo, es que la Corte no escuchó (y “ni siquiera les contestó”) a los 14 gobernadores que pidieron ser “amicus curiae” en la causa por la coparticipación, que terminó con un fallo a favor de la Ciudad de Buenos Aires.
La reunión del jueves, estiman en el oficialismo, será breve y servirá para plantear el cronograma de tratamiento de los 12 expedientes de juicio político contra integrantes del máximo tribunal. La idea es que el 2 de febrero expongan los autores de los proyectos, y el 9 se dictamine la apertura del sumario.
“Agarramos desprevenida a la oposición con la mayoría en la comisión, que es lo que a nosotros nos interesa”, admitió el kirchnerista Rodolfo Tailhade. Respecto al tiempo que llevará la investigación, otra fuente del bloque afirmó a este medio: “No queremos que dure más de 90 días”.
Como los pedidos de juicio político tienen una vigencia de tres años y el Frente de Todos hoy no tiene garantizados los dos tercios de los votos en el recinto de Diputados, la intención que dejaron trascender distintos diputados es esperar a la renovación parlamentaria de este año para ver si la nueva composición los favorece numéricamente.
En ese sentido, Tailhade recordó, en diálogo con Diputados TV, que los dictámenes contra el exjuez Antonio Boggiano se habían firmado en 2003, pero llegaron al recinto recién en 2005.
Los otros temas
Juntos por el Cambio mantiene el bloqueo al resto de los proyectos del temario de extraordinarias mientras se esté sustanciando el juicio a la Corte.
Frente a esa postura, el jefe del bloque del Frente de Todos, Germán Martínez, organizó para este miércoles una reunión de presidentes de las comisiones que intervienen en la agenda de extraordinarias, con el fin de analizar las posibilidades de avance que tiene cada tema.
En principio, el oficialista Leonardo Grosso, del Movimiento Evita, ya convocó a la comisión que preside, la de Recursos Naturales, para tratar la creación del Parque y Reserva Nacional “Laguna El Palmar”, en la provincia de Chaco. En esa comisión dependen de Graciela Camaño (Identidad Bonaerense) para el quórum.
Por otra parte, la presidenta de la Cámara baja, Cecilia Moreau, le envió una nota al presidente Alberto Fernández para que amplíe el temario de las extraordinarias e incorpore la denominada “Ley Lucio”, que lleva su nombre en homenaje a Lucio Dupuy, el menor asesinado a golpes en 2021 en La Pampa, en un crimen donde están acusadas su madre y la pareja de ésta.
Debido a que el próximo 2 de febrero se conocerá la sentencia del caso, Moreau pidió que el proyecto sea tratado próximamente. La iniciativa ya fue aprobada por unanimidad en Diputados (resta su tratamiento en el Senado) y genera un plan de capacitación nacional en prevención y detección temprana de la violencia contra los niños, niñas y adolescentes.