Carolina Ramos
La Cámara de Diputados dio un pequeño paso para castigar lo que se conoce como “sextorsión” o “pornovenganza”. Fue en la Comisión de Mujeres y Diversidad, donde recibió dictamen favorable un proyecto que incorpora al sistema legal la figura de la “violencia digital”, como una forma más de la violencia de género.
La iniciativa actualiza la Ley 26.485 sobre “Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres”, con el fin de incluir la violencia digital, ya que actualmente las violencias que están tipificadas son la física, la psicológica, la sexual, la económica y patrimonial, y la simbólica.
En Diputados se unificaron proyectos de la presidenta de la Comisión de Mujeres, Mónica Macha (Frente de Todos) y de Danya Tavela (Evolución Radical). Ahora, el tratamiento continuará en la Comisión de Comunicaciones e Informática, que también deberá emitir dictamen para habilitar la votación en el recinto.
El texto establece que la violencia digital es aquella que se ejerce mediante el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y que implica la reproducción y difusión de material íntimo o de desnudez de las mujeres sin su consentimiento, generando situaciones de acoso, amenaza o extorsión.
En el debate, diputadas de distintos bloques coincidieron en que la violencia digital tiene para la víctima consecuencias tan graves como la violencia analógica.
“La violencia por motivos de género es una pandemia porque que se viralice contenido íntimo, genera padecimientos psíquicos, ataques de pánico y aislamiento y necesita acompañamiento, pero es una forma más de violencia por motivos de género”, señaló Macha.
El proyecto se denomina “Ley Olimpia” en reconocimiento a la activista mexicana Olimpia Coral Melo, quien fue víctima de la violencia digital e impulsó reformas legislativas en su país. Su lucha inspiró la creación del grupo Ley Olimpia Argentina y hay una petición en la plataforma Change.org que ya reunió más de 33.000 firmas.
La iniciativa va de la mano de la llamada “Ley Belén”, que es la que apunta al cambio más importante porque incorpora al Código Penal los delitos de este tipo, con penas de tres meses a dos años de prisión y multas.
Ese proyecto nació a partir del caso Belén San Román, una policía de 25 años, madre de dos hijos, que se suicidó a fines de 2020 en la localidad bonaerense de Bragado, luego de que su ex pareja difundiera videos íntimos.