Horacio Aizpeolea
Al presentar las primeras medidas como nuevo ministro de Economía, Sergio Massa anunció la convocatoria para esta semana a cámaras empresariales y sindicatos. Dijo que quiere discutir “un mecanismo que permita la recuperación de ingresos de los trabajadores del sector privado”.
Puntualmente mencionó los salarios de “entre 50 y 150 mil pesos” que, dijo, “se ven muy perjudicados”. La posibilidad de que Massa impulse un bono para los salarios privados dividió a la CGT.
Héctor Daer y Carlos Acuña explicitaron su rechazo, mientras que Pablo Moyano, el otro integrante del triunvirato de secretarios generales, apoyó la idea. La reunión sería el jueves.
“No hay que subir salarios por suma fija, hay que respetar la dinámica de las negociaciones paritarias”, blanqueó Daer al finalizar la semana.
“Cada gremio sabe cómo discutir salarios, es nuestra responsabilidad”, se sumó Acuña. Algunos sectores sindicales creen que un aumento de salarios por decreto, que eso implicaría el bono, debilita las posiciones gremiales en la negociación paritaria y “achata” las categorías salariales.
“Las paritarias mantienen la estructura de los convenios colectivos de trabajo; es una dinámica de cómo funcionan los sindicatos y no queremos subvertir roles”, explicó Daer.
Desde la vereda de enfrente, dijo Moyano: “La discusión paritaria es un tema absolutamente aparte; las sumas fijas o bonos no inciden en ellas”.
Los apoyos que recibe Sergio Massa
La Corriente Federal (ligada al kirchnerismo) se encolumnó detrás del camionero y el Frente Sindical (FRESIMONA). “Ya se firmó alguna vez un bono con la UIA y no pasó nada”, recordaron desde el otro lado de la CGT.
Moyano dijo más a favor del nuevo ministro: “Debo decir que nos generó una reconfortante esperanza que Massa, en sus anuncios, destacó la universalización de las asignaciones familiares. Hace tres meses se lo planteamos al gobierno”.
Massa dijo que impulsará “una reformulación” en el esquema de asignaciones familiares como otra manera de apuntalar los ingresos. La caída del poder adquisitivo sigue siendo un motivo de reproches y quejas dentro de la coalición oficialista.
En el gobierno nacional vuelve la incertidumbre ante la encrucijada de siempre: cómo cumplir lo que en el kirchnerismo llaman “refuerzo de ingresos” (eso sería el bono) con la disciplina fiscal y el torniquete a la emisión monetaria planteados por el nuevo ministro (y por Silvina Batakis y por Martín Guzmán, también).
Los desafios por delante
La grieta abierta en la cúpula cegetista ante la posibilidad de que se implemente un bono o suma fija representa un desafío en la previa de la convocatoria de Massa. Ante una consulta de este diario, desde la Unión Industrial Argentina, el otro gran actor en esta cita, no hubo ningún pronunciamiento puntual, más allá de la presencia de Daniel Funes de Rioja en la jura de Massa.
Los sectores cegetistas coincidieron, en cambio, en ratificar la movilización al Congreso para el próximo 17 de octubre.
Hacen equilibrio para evitar que se interprete el acto como una manifestación contraria al gobierno de Alberto Fernández (y de Sergio Massa y de Cristina Fernández).
“Contra los especuladores”, enfocó Pablo Moyano. “El gobierno tiene que controlar la inflación para que no afecte a los salarios; vemos con expectativa el nuevo proceso político”, completó Daer, esta vez en sintonía con el hijo de Hugo.
En la CGT comparten los lineamientos generales trazados por Massa, definidos como “motores”: inversión, producción, exportaciones y defensa del mercado interno.
Pero los resquemores continúan. “Esperemos que para cumplir con la meta del 2.5 del déficit anual acordado con el FMI, no utilizar el saldo de aportes del tesoro para lo que resta del año, avanzar con el congelamiento de ingresos para todo el Estado y para las empresas descentralizadas dependiendo de cada jurisdicción, no se convierta en un descomunal ajuste del sector público en todos los niveles”, alerto Sergio Sasia, el dirigente ferroviaria y titular de la CATT, la poderosa confederación del transporte.
El plan de austeridad fiscal anunciado por Batakis y reafirmado por Sergio Massa, le confirmó a la CGT, por ejemplo, que por ahora deberá esperar el reclamo respecto a las obras sociales, que terminarán el año en déficit.
Una delegación de la CGT se reunió con el jefe de Gabinete Juan Manzur la semana pasada. Allí quedó blanqueado que por ahora no están los fondos para las prestadoras sindicales de salud, aun cuando el Presidente Alberto Fernández asumiera ese compromiso en varias oportunidades. La ratificación de la marcha de la CGT podría explicarse por eso.
Un día después de la marcha sindical se reunirá el Consejo del Salario (32 miembros, mitad parte trabajadora, la otra, parte empleadora). La última reunión fue en marzo, cuando el haber mínimo se incrementó un 45 por ciento, en cuatro tramos. Pasó de 33 mil pesos a 47.850 pesos a completarse en diciembre. Después el gobierno decidió adelantar para agosto la totalidad del aumento, como contrapeso a la inflación al alza. Las negociaciones salariales privadas rondan los 70 puntos. Omar Plaini, de la CGT, dijo: “si la canasta básica está en 105 mil pesos, parémonos en un lugar cercano”.
Moroni, el sobreviviente, y la recuperación del empleo privado
El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, es uno de los seis ministros en funciones que quedan de los 21 nombrados por Fernández en diciembre de 2019. Los demás son Tristán Bauer, Gabriel Katopodis, Elizabeth Gómez Alcorta, Matías Lammens, Juan Cabandié. El buen diálogo con la CGT explica, en parte, la permanencia de Moroni.
Desde Trabajo, por ahora, prefieren no mostrar la carta sobre la viabilidad del bono o suma fija. Optan por destacar que en mayo y junio continuó creciendo el empleo asalariado, de acuerdo a los registros del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA): “durante 17 meses consecutivos se incorporaron 300.000 trabajadoras y trabajadores que se encontraban en situación de desempleo, informalidad o inactividad”, dice un informe oficial.
El informe también indica que la variación interanual del salario promedio del trabajo registrado en empresas privadas creció por arriba de la inflación: entre mayo de 2021 y mayo de 2022: un 66,4% contra el alza del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de 60,7%.
La construcción, el comercio y la industria manufacturera sostienen la recuperación del empleo. “En mayo de 2022, el número de trabajadoras y trabajadores con empleo asalariado registrado del sector privado resultó 2,3% superior (136.000 puestos más) al nivel observado en febrero de 2020, previo a la irrupción de la pandemia de Covid-19 en el país”, dice el informe.
El número de personas con trabajo registrado en el sistema de seguridad social (incluyendo empleo asalariado público y privado, el trabajo autónomo y el monotributista) alcanzó en mayo a 12,6 millones, 0,5% más que en abril y 4,7% mayor al verificado en febrero de 2020; y el valor más alto desde el inicio de la serie estadística en 2012.