Carolina Ramos
El gobierno de Javier Milei dilata la promulgación de las leyes de presupuesto universitario y emergencia pediátrica en el hospital Garrahan, y se expone a un nuevo foco de conflicto en la recta final de la campaña electoral. Mientras se gesta una concentración multisectorial para reclamar la aplicación de las normas, desde la Cámara de Diputados ya surgió una primera advertencia de la mano del cordobés Oscar Agost Carreño, impulsor de la moción de censura contra el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.
El Senado dejó firmes las dos normas el jueves 2 de octubre, al rechazar con dos tercios los vetos aplicados por Milei. El lunes 6, el Congreso comunicó oficialmente al Poder Ejecutivo ambas leyes. El presidente tiene la obligación de promulgarlas, pero hasta el momento no lo hizo.
Aunque la Carta Magna no fija un plazo explícito para la promulgación en caso de insistencia, hay argumentos constitucionales para sostener que son 10 días hábiles, el mismo tiempo que para aplicar un veto. Por eso, la fecha límite sería el lunes 20 de octubre, a solo seis días de las elecciones donde el oficialismo pone en juego la aceptación de su modelo de gestión.
Entre los sectores afectados hay escepticismo por el antecedente de la emergencia en discapacidad, que el Gobierno promulgó pero se niega a implementar. Por eso, ya preparan una concentración multisectorial a Plaza de Mayo para el martes 21 por la tarde, a la que se sumarán los colectivos de discapacidad y otros que rechazan las políticas de Milei.
“Tenemos la presunción de que va a ocurrir lo mismo que con discapacidad: que las van a promulgar pero no las van a aplicar. Estamos preparándonos para que, apenas se sepa qué es lo que va a pasar, hacer una concentración en repudio a esa decisión y exigir que se apliquen las leyes inmediatamente”, informó Laura Carboni, secretaria general de la AGD-UBA, uno de los principales sindicatos docentes de la Universidad de Buenos Aires.
En diálogo con AM750, Carboni recordó que “la ley trae dos cosas importantes. Una tiene que ver con el presupuesto de funcionamiento para las universidades y los hospitales universitarios. Y un segundo punto importante para los trabajadores es que nos dan un 42% de aumento en una sola cuota, porque es una compensación por lo que perdimos desde que este gobierno asumió”.
En la Cámara de Diputados, quien encendió las alarmas fue el cordobés Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal), uno de los principales armadores de la oposición y primer promotor de la moción de censura contra el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, por incumplir la ley de emergencia en discapacidad.
Agost Carreño advirtió que, si el Ejecutivo no promulga las leyes dentro del plazo que culmina el lunes 20, es Martín Menem (como presidente de la Cámara de origen de los proyectos) quien tiene la potestad de publicar las normas “por promulgación tácita”. Por eso, el diputado envió este miércoles una nota a Menem para que “se adopten las medidas necesarias” para cumplir con ese paso.
“Si bien el texto del artículo 83 no establece un plazo ni prevé un mecanismo supletorio, la doctrina constitucional sostiene, por analogía con lo dispuesto por el artículo 80, que el Poder Ejecutivo dispone de diez días para cumplir con su obligación de promulgar”, sostuvo Agost Carreño. El artículo citado indica que “se reputa aprobado por el Poder Ejecutivo todo proyecto no devuelto en el término de 10 días útiles”.
Para el legislador y candidato del PRO cordobés, “transcurrido ese plazo sin acto formal, el Poder Legislativo debe tomar a las leyes como promulgadas tácitamente a fin de evitar que la omisión del Ejecutivo frustre la eficacia de una decisión legislativa perfeccionada constitucionalmente”.
El exhorto de Agost Carreño se da un día después de que se dictaminaran en comisiones los proyectos para interpelar a Francos y, eventualmente, removerlo del cargo vía moción de censura, por no aplicar la emergencia en discapacidad. El jefe de Gabinete tiene la responsabilidad de reasignar las partidas necesarias, pero en lugar de hacerlo, se devolvió la ley al Congreso para que indique cómo hacerlo.
En el caso universitario, la ley indica que el Ejecutivo dispondrá “los créditos presupuestarios para asegurar la continuidad y eficiencia de los servicios y, en consecuencia de ello, adecuará las partidas presupuestarias con el fin de actualizar al 1° de enero de 2025 el presupuesto correspondiente a las universidades públicas, sin que se vea alterada la distribución de la coparticipación federal de impuestos a las provincias ni los aportes del Tesoro Nacional”.
Al vetar la ley, el Ejecutivo sostuvo que las fuentes de financiamiento previstas son “insuficientes” para afrontar un costo total que calcularon en $1.069.644.600.000 para el Presupuesto de 2025. “El impulso de una medida como la actual que incrementa de manera desproporcionada el gasto público sin que existan recursos suficientes para solventar dicho gasto”, dice el texto.