Carolina Ramos
Con el último aliento, La Libertad Avanza consiguió dictaminar este martes la suspensión de las Primeras Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Tras cuatro horas de un debate caliente que el oficialismo buscó estirar al máximo, cuatro peronistas de Catamarca y Santiago del Estero que integran Unión por la Patria, sumados a la radical cordobesa Soledad Carrizo, aportaron las firmas necesarias para evitar que la iniciativa cayera en un fracaso estrepitoso.
El debate, cargado de tensión y cruzado por denuncias de aprietes, se dio en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Presupuesto. El dictamen oficialista recibió 53 firmas (3 de ellas en disidencia) sobre 114 diputados presentes, y se sumó un segundo despacho de cinco firmas, impulsado por peronistas riojanos y catamarqueños, para eliminar las PASO. Fue la llave para destrabar la discusión. Así se alcanzaron, en total, 58 firmas.
Cómo fueron los votos para el dictamen de suspensión de las PASO
Los “rebeldes” de Unión por la Patria fueron los santiagueños que responden al gobernador Gerardo Zamora, Ricardo Daives (con firma doble) y Bernardo Herrera, y dos catamarqueños de Raúl Jalil, Silvana Ginocchio y Sebastián Nóblega. Jalil participó este mismo martes de una reunión con el ministro de Economía, Luis Caputo, y otros mandatarios provinciales en Casa Rosada, por obras públicas.
La otra firma clave fue la de la radical Carrizo, que hasta último momento dudó de acompañar. Cuando la suerte estaba echada se sumó otro cordobés, Oscar Agost Carreño, quien también se resistía y finalmente se plegó a sus comprovincianos. Tanto Carrizo como Agost Carreño adhirieron con disidencias. “Se viene a desbaratar un sano antecedente que consiste en que no se cambien las reglas en año electoral y con el calendario en curso”, planteó el segundo.
La Libertad Avanza también selló el apoyo de sus socios del PRO y el MID, además de la Coalición Cívica e Innovación Federal. No obstante, la contribución más grande la hizo Unión por la Patria, que el lunes por la noche había difundido que no aportaría firmas. El paso que dieron santiagueños y catamarqueños podría generar un “efecto dominó” en el recinto, donde podrían sumarse diputados de La Rioja y Chaco.
El respaldo peronista se cristalizó justo después de una fuerte denuncia del jefe del bloque, Germán Martínez. “A este momento no están teniendo las firmas para el dictamen y están haciendo un apriete infernal para lograr las firmas que necesitan”, arremetió el legislador en el momento más tenso del plenario.
El santafesino reveló una maniobra para dilatar el debate: “El tiempo que están ganando es para apretar diputados, como está haciendo el presidente del bloque oficialista”. Aludido, el cordobés Gabriel Bornoroni negó las acusaciones: “Es todo falso, es mentira”. Mientras tanto, algunos diputados dialoguistas recibían llamados del presidente de la Cámara, Martín Menem.
En Encuentro Federal, los cordobeses Ignacio García Aresca, Juan Brügge y Alejandra Torres, alineados al gobierno provincial, firmaron el despacho (Brügge lo hizo en disidencia). Minutos antes del inicio del plenario, el gobernador Martín Llaryora bajó a la orden de acompañar, expectante a un gesto de la Nación hacia la provincia, que tiene entre sus principales preocupaciones los giros a la caja previsional.
Por el contrario, la bonaerense Margarita Stolbizer, también de Encuentro Federal, no adhirió al dictamen oficialista. “No resistimos más que las leyes sean emparchadas según el momento y la conveniencia. No fuercen un dictamen para hacer un mamarracho, el proyecto es muy malo técnicamente. Prorroguen el plenario”, pidió Stolbizer. El otro diputado del bloque que integra el plenario, Nicolás Massot, estuvo ausente.
En la UCR, además de Carrizo, apoyaron la suspensión de las primarias dos de los radicales “mileístas”, el misionero Martín Arjol y el catamarqueño Francisco Monti. De todos modos, el debate transparentó la divisoria de aguas: un diputado de provincia de Buenos Aires, Fabio Quetglas, planteó su rechazo. Advirtió que son “modificaciones coyunturales que después salen caro”, y remarcó que “derogar las PASO sin una propuesta alternativa es un salto al vacío”. También Martín Tetaz se pronunció en contra.
Democracia para Siempre, el bloque de radicales disidentes referenciados en Martín Lousteau y Facundo Manes, se negaba a ser garante del dictamen y esperaba que La Libertad Avanza reuniera las firmas para presentar un texto alternativo, pero finalmente no lo hizo.
El dictamen del bloque oficialista tiene seis artículos: suspende las PASO solo por este año y establece especificidades del cronograma electoral. Quedaron afuera todas las demás reformas electorales, que consistían en eliminar los aportes públicos de campaña y los espacios gratuitos de publicidad audiovisual, entre otros puntos.
Al inicio del debate, Martínez, líder de Unión por la Patria, se preguntó “si existe vocación de sectores que se autoperciben opositores de legitimar la agenda que el presidente propuso para extraordinarias”, la que calificó como “un temario lleno de humo”. Para el santafesino, el objetivo oficial es “deglutir políticamente a los opositores cercanos al Gobierno y generar un proceso de división de los espacios opositores más alejados”.
Martínez intentó acorralar a la oposición dialoguista. “¿Vamos a aceptar livianamente que dos años seguidos el presidente no quiera tener ley de Presupuesto?”, cuestionó, y remató: “Estamos en una farsa o simulacro de debate. En lugar de debatir lo que hay que debatir, estamos debatiendo temas secundarios para el pueblo argentino”.
Tiempo después, la libertaria Lilia Lemoine sostuvo que “las PASO son un costo para resolver los problemas de la política, que deberían resolver los políticos, no los ciudadanos de a pie, y que se paga con impuestos”.
Desde el PRO, Silvana Giudici consideró que la de las PASO fue “una ley amañada” porque fue “una apropiación e intervención directa sobre la vida de los partidos políticos”, y recordó que a lo largo de los años, desde su espacio presentaron muchos proyectos proponiendo su derogación.
“El PRO jamás va a poner como condición tratar algo para tratar la agenda que promueve el presidente”, enfatizó Giudici luego de los reclamos de Martínez respecto al Presupuesto 2025, y afirmó que “esto también le importa a la sociedad”.
Respecto al costo fiscal, la legisladora aliada del oficialismo apuntó que las PASO costaron 1.700 millones de dólares en 2017; 4.500 millones en 2019; y cerca de 8.000 millones en 2023. “Claro que eso impacta en la vida de la gente”, insistió.