Carolina Ramos
Tras una semana de nuevas protestas contra el ajuste en el sector, el Poder Ejecutivo aumentó este lunes los aranceles de las prestaciones por discapacidad. Pero, a la vez, intenta evadir la Ley de Emergencia ratificada por el Congreso y reemplazarla por una nueva que se adapte a la meta de equilibrio fiscal, con reempadronamiento obligatorio, requisitos más estrictos y sin garantías como el nomenclador universal.
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A través de la resolución 41/26, publicada en el Boletín Oficial, la Secretaría Nacional de Discapacidad del Ministerio de Salud dictó un aumento del 3,40%, en los aranceles vigentes para todo el sistema de prestaciones básicas, sin distinción. El incremento se calculó sobre la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes de marzo, y regirá para abril.
La suba no satisface al colectivo afectado y la crisis parece aún lejos de resolverse. El Foro Permanente por los Derechos de las Personas con Discapacidad advirtió que “esta actualización resulta insuficiente frente a la grave crisis que atraviesa el sector, con aranceles atrasados y prestaciones en riesgo”.
La semana pasada, el Foro entregó un petitorio en el Ministerio de Economía en el que reclamó por fondos urgentes para Incluir Salud (la obra social pública de las personas con discapacidad), la regularización de pagos a prestadores y la implementación efectiva de la Ley 27.793, que declaró la emergencia y fue ratificada por el Congreso.
Pero el gobierno de Javier Milei esquiva esa norma y envió al Congreso el fin de semana una ley alternativa adaptada a la meta de “déficit cero”, que hace énfasis en prevenir, detectar y sancionar supuestos “fraudes” en el otorgamiento de pensiones, y dirigirlas “exclusivamente a personas con una incapacidad debidamente acreditada”.
Según el Gobierno, entre 2003 y 2023 la cantidad de pensiones no contributivas por invalidez pasó de 76.000 a 1.200.000. Con el objetivo de revisar el número, se proponen auditorías periódicas a cargo de la Secretaría de Discapacidad y se promueve un cruce de datos con organismos como Anses y Arca para verificar que se cumplen los requisitos económicos, documentales y médicos.
También se establece un reempadronamiento obligatorio: todos los beneficiarios deberán actualizar sus datos en un plazo mínimo de 90 días (con posible prórroga), o de lo contrario podrían sufrir la “suspensión preventiva” de la pensión. En ese caso, el titular de la pensión tendrá 60 días para regularizar su situación: si cumple, la pensión será restablecida inmediatamente y con efectos retroactivos, y si no cumple, se dará de baja.
El monto de la pensión se fija en el 70% de la jubilación mínima, y solo podrán acceder personas sin recursos suficientes y mayores de 70 años o Imposibilitadas para trabajar. Será incompatible con tener trabajo formal o estar inscripto como monotributista o autónomo: de esta manera, si una persona con discapacidad accede a un trabajo registrado, no podría conservar el beneficio.
Mientras que las pensiones serán actualizadas en función del haber mínimo jubilatorio, los aranceles de las prestaciones se ajustarán cada tres meses, o por IPC en caso de demoras. También se reconoce una compensación a prestadores: el Estado pagará la diferencia entre la inflación y los aumentos recibidos en el período diciembre 2023-diciembre 2024.
Si bien se garantiza un “piso mínimo” de prestaciones, no habrá valores iguales en todo el país. “El Nomenclador de prestaciones básicas no incluirá valores universales, los cuales deberán ser determinados por cada ente obligado, en el marco de su relación con los respectivos prestadores, garantizando en todos los casos el cumplimiento de los estándares de calidad prestacional”, dice el artículo 11.
“Se elimina la el nomenclatura universal, o sea que cada entidad contratante, sea una obra social, Pani, un gobierno provincial o Incluir salud, va a poder definir los valores de las prestaciones”, explicó a La Voz con preocupación Esteban Paulón (Provincias Unidas), uno de los diputados que acompañó la protesta de la semana pasada junto con Nicolás Del Caño (Frente de Izquierda) y Juan Marino (Unión por la Patria).
Según advirtió Paulón, este punto “genera una enorme desigualdad entre las distintas jurisdicciones, de calidad y de capacidad de atención a las personas con discapacidad, y echa por tierra los criterios federales de la Ley de Discapacidad”.
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El financiamiento de la nueva ley saldrá del Presupuesto Nacional (Ministerio de Salud) y, si no alcanza, se cubrirá con fondos del Tesoro. La Nación podrá firmar convenios con las provincias y la Ciudad de Buenos Aires para gestionar prestaciones.
“Tenemos una mirada negativa, porque el Gobierno busca una nueva estrategia para no cumplir con la Ley de Emergencia en Discapacidad, lo cual demuestra que, efectivamente, no la están cumpliendo, por más que hayan aumentado aranceles”, lamentó el diputado Paulón.