Redacción Los Andes
Desde el primer día de este año, la Iglesia Católica dejó de recibir aportes del Estado. Se trata de un proceso que se había iniciado en 2018 y que implicaba una suma destinada a arzobispos, obispos diocesanos y obispos auxiliares.
El monto era de $55.000 para arzobispos y obispos diocesanos y de $48.000 para obispos auxiliares, tal cual informaron desde el Arzobispado de Mendoza. “Había quedado congelado sin aumentos desde hace años”, señalaron.
“El último día hábil de diciembre de 2023, concluye, conforme a lo establecido en Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Argentina e informado a la Secretaría de Culto, el proceso de renuncia iniciado en el 2018 de los arzobispos, obispos diocesanos y obispos auxiliares a la asignación mensual prevista en la ley 21.950″, informó la Conferencia Episcopal Argentina en un comunicado del 29 de diciembre.
Se trata de un cambio considerado histórico en tanto el pago recibía críticas por provenir de un Estado no confesional y que además privilegiaba una religión por sobre otras.
Excepciones
Sin embargo, hay un grupo que aún podrá acceder bajo ciertas condiciones. En ese caso deberán gestionar la asignación individualmente. Asimismo, el monto ha sido actualizado y asciende a $98.000.
“A partir de consultas recibidas se comunica también que en una resolución del día 26 de abril de 2023, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto en uso de sus facultades, dio lugar a que los arzobispos y obispos que hayan cesado en sus cargos por razones de edad o de invalidez puedan solicitar de manera particular, con una serie de requisitos, recibir el beneficio de la asignación prevista en la ley”, detalló el organismo.
¿Cómo se afrontará el pago?
Ahora, las asignaciones de los obispos serán asumidas por las propias diócesis, explicaron desde el Arzobispado local. Detallaron que desde el inicio del proceso se creó un fondo solidario desde la Conferencia Episcopal Argentina con aporte de las diócesis del país para colaborar con las diócesis más necesitadas, aplicando un sistema de porcentaje en virtud de su situación económica y necesidades.
Esta asignación había sido dispuesta por una ley de la última dictadura, tal cual destaca Clarín.
Ya hace años que hay un movimiento que demanda la “separación” entre la Iglesia y el Estado, lo cual cobró más ímpetu en el marco de del debate por la legalización del aborto en el país desde 2018.
En ese marco, la Iglesia anunció que iniciaba el proceso para renunciar al aporte que venía analizando internamente y puso en marcha un plan de autosostemiento, refiere la publicación.
La ley normativa se enmarca en el artículo 2 de la Constitución que dice que el gobierno federal sostiene al culto católico. El medio sostiene que en detalle estipula que los arzobispos y obispos recibirían una asignación equivalente al sueldo de un juez de primera instancia, pero hacía años que el monto no se actualizaba.