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| domingo, 31 de mayo de 2026
Con aporte crucial del gobernador Martín Llaryora al momento del quórum, La Libertad Avanza consiguió sancionar la reforma a la Ley de Glaciares, promovida por un grupo de gobernadores cordilleranos para expandir la actividad minera en sus provincias. El proyecto obtuvo 137 votos a favor, 111 en contra y 3 abstenciones. La pelea continuará ahora en los tribunales, donde prometen presentarse demandas de inconstitucionalidad.
El resultado significó un alivio para un gobierno asediado por la investigación judicial que pesa sobre el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Para exaltar el triunfo, la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, fue al recinto de la Cámara de Diputados a presenciar la votación. La acompañó el ministro del Interior, Diego Santilli.
El objetivo no se hubiese logrado sin la presencia clave de dos de los representantes del oficialismo cordobés: las de Ignacio García Aresca y Alejandra Torres. Ambos diputados, que ya habían sido funcionales al Gobierno cuando se ausentaron en la sesión por la reforma laboral, ayudaron a La Libertad Avanza a abrir la sesión.
Tras dar quórum, García Aresca tuvo un comportamiento extraño: faltó a la votación. En cambio, Torres fue a fondo: votó a favor a pesar de que era crítica del proyecto y de que, además, su apoyo no hacía la diferencia. En otras palabras, el oficialismo no necesitaba su voto para lograr la meta.
Estas actitudes contrastaron con el rechazo que, desde un primer momento, expuso puertas adentro y luego públicamente el exgobernador Schiaretti, en línea con el voto de su esposa, la senadora Alejandra Vigo. Esta posición se extendió a Carlos Gutiérrez, Carolina Basualdo y el democristiano Juan Brügge.
“Venimos del interior productivo del país, donde para nosotros el agua, además de ser un bien común, es un signo de desarrollo y de producción. El 36% de la superficie continental de nuestro país está cubierta por cuencas que dependen de los glaciares. Esto abarca 20 provincias y 7,5 millones de argentinos”, expuso Basualdo, integrante de la Comisión de Recursos Naturales.
A la hora de los votos, el bloque dirigido por el cordobés Gabriel Bornoroni consiguió respaldo del PRO, la UCR y bloques referenciados en gobernadores de provincias mineras: el catamarqueño Raúl Jalil, el sanjuanino Marcelo Orrego, el salteño Gustavo Sáenz y el jujeño Carlos Sadir. Se sumaron los mandatarios de Santa Fe, Maximiliano Pullaro; de Tucumán, Osvaldo Jaldo; y de Santa Cruz, Claudio Vidal.
El respaldo de Santa Fe quedó plasmado por la jefa del bloque Provincias Unidas, Gisela Scaglia, y tuvo como trasfondo el importante acuerdo que selló Pullaro esta semana con la Nación para cobrar $ 120.000 millones (en 12 cuotas) de la deuda de la Anses con la caja previsional provincial.
Unión por la Patria votó en contra con la excepción de dos representantes de San Juan que lo hicieron a favor. También se opusieron la Coalición Cívica, el socialismo santafesino, el Frente de Izquierda y diputados como Miguel Pichetto (Encuentro Federal), quien había votado la ley vigente y fue consecuente con esa postura. El rionegrino se diferenció de su par Nicolás Massot, que votó a favor.
Las únicas tres abstenciones fueron de dos aliados del MID y la neuquina Karina Maureira, que responde al gobernador Rolando Figueroa.
El proyecto de ley fue impulsado por gobernadores de la Mesa del Cobre y del Litio (San Juan, Salta, Catamarca, Jujuy y Mendoza) que quieren “recuperar” el dominio que les da la Constitución sobre los recursos naturales de sus provincias. Para eso, se los faculta a autorizar la actividad minera en aquellas zonas periglaciares que, según ellos definan, no constituyan reservas hídricas relevantes.
La oposición advierte que el cambio es regresivo en términos ambientales porque invierte la lógica de los presupuestos mínimos nacionales y permite a un distrito tomar decisiones que pueden perjudicar cuencas enteras. “Si aguas arriba, en Catamarca o en Salta, tomaran una decisión, afectaría directamente a nuestro Mar Chiquita, Mar de Ansenuza, uno de los humedales más grandes de Sudamérica”, ejemplificó la cordobesa Basualdo.
Las denuncias de lobby minero volvieron a aflorar mientras transcurría el debate. Esta vez, los detractores de la ley hicieron circular la versión de una reunión entre directivos de la megaempresa Glencore y diputados a favor de la ley que viajarían próximamente a Estados Unidos invitados por la organización RAP (Red Acción Política).
Ajeno a todas las acusaciones, el oficialismo defendió la ley. El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz, sostuvo que “no se afecta el paradigma de protección de los glaciares” y alegó que “esta ley viene a dar el rigor técnico que varios científicos venían criticando”.
El libertario santafesino también afirmó que “queda desmentido que esta reforma afecta el principio de no regresión y le damos la posibilidad a las provincias de hacer estudios de segundo y tercer nivel a las provincias que el IANIGLA (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales) hoy no tiene”.
“Con la modificación a la Ley de Glaciares estamos logrando la armonización porque el IANIGLA no se debilita y el principio es que todos los cuerpos inventariados no se tocan salvo prueba en contrario”, insistió Mayoraz.
En contra, la camporista cordobesa Gabriela Estévez explicó que “el ambiente glaciar y periglaciar en Argentina representa apenas el 0,4% del territorio, pero ese porcentaje tan mínimo representa ni más ni menos que nuestra seguridad hídrica. Se trata del principal regulador de nuestras cuencas en un contexto de crisis climática global y de sequías extremas”.
“No es una exageración ambientalista: es una realidad científica que el Gobierno decidió negar por necesidad de caja y fundamentalismo ideológico”, aseveró Estévez.
Natalia De la Sota (Defendamos Córdoba) también fue enfática: “Votar esta ley es actuar con irresponsabilidad y con injusticia para las generaciones que vienen. Esta reforma pone en peligro un bien y recurso estratégico y vital, que es el agua. Esta reforma viola principios constitucionales y tratados internacionales con jerarquía constitucional. Y es una ley regresiva”.
La schiarettista Basualdo aprovechó su discurso para confrontar (sin nombrarlo) con el senador Luis Juez, quien había votado a favor de la ley vigente pero ahora apoyó la reforma. “A los cordobeses nos sorprenden algunos que con tanta pasión defendieron la ley en 2010 y después aprobaron esta modificación. ¿Será porque en algún momento fueron amarillos, hoy son violetas o pasaron por el kirchnerismo?”, lanzó.
El cierre del debate estuvo a cargo del jefe del bloque libertario, Gabriel Bornoroni. “Desde Córdoba exigimos constantemente el federalismo: ahora viene el presidente Javier Milei a traernos el federalismo”, destacó en un breve discurso, en referencia al poder que tendrán ahora las provincias para decidir sobre las áreas periglaciares.
Carolina Ramos