Redacción Vía País
Luego de que la Justicia considerara el atentado a la AMIA como un delito de lesa humanidad y solicitara reformas legales para juzgar a los iraníes sospechosos, el Gobierno resolvió este jueves por la mañana elevar la alerta antiterrorista y ordenó reforzar la seguridad en aeropuertos, embajadas e instituciones religiosas de la colectividad judía.
La Casa Rosada resolvió sumar controles en posibles objetivos de un eventual ataque terrorista: aeropuertos, hoteles, embajadas y establecimientos vinculados a la comunidad judía. La decisión tiene que ver con el recrudecimiento de la tensión entre Irán e Israel y con el fallo histórico que concluyó que Irán planeó el ataque y Hezbollah ejecutó los atentados contra la AMIA y la embajada de Israel.
El Ministerio de Seguridad no recibió una amenaza concreta, pero resolvió por una cuestión de protocolo desplegar un plan preventivo y extremar medidas en puntos sensibles de la seguridad nacional.
Qué dicen los fallos de la Cámara de Casación Penal
De acuerdo a lo que se determinó en dos fallos firmados por los jueces Carlos Mahiques, Diego Barroetaveña y Ángela Ledesma, de la Sala II de la Cámara de Casación Penal, se dio por probado que Teherán estuvo detrás del atentado perpetrado el 18 de julio de 1994 contra la mutual judía argentina y que causó 85 muertos.
Por otra parte, se pidió reformas legales para poder juzgar a los sospechosos prófugos “ausencia”, los cuales se trata de 7 libaneses e iraníes con pedido de captura internacional de Interpol y que están protegidos en su país.
En ese marco, dijeron que Irán “asume una responsabilidad internacional, aún cuando el acto terrorista haya sido cometido por un grupo no formalmente estatal pero que actúa bajo el control o dirección de aquel (como es el caso de la relación entre Hezbollah y la República Islámica de Irán)”.
Los magistrados dijeron que “la responsabilidad internacional debería recaer igualmente sobre el mismo Estado que podría ser calificado como ‘terrorista’, lo cual implicaría la obligación de reparar íntegramente el daño causado, moral y material, abriendo a las víctimas y damnificados una vía de reclamo ante tribunales internacionales y su “derecho a la verdad”.
En sus fallos, determinaron que la Argentina quedó en la mira por “la decisión unilateral del gobierno de Carlos Menem de cancelar tres contratos de provisión de material y de tecnología nuclear acordados con Teherán″.