El fiscal Guillermo Marijuán radicó una denuncia en contra de Alberto Fernández por la extensión de la cuarentena, luego de los dichos del exministro de Economía, Martín Guzmán. El fiscal Carlos Stornelli hizo lugar al reclamo e imputó al expresidente.
Recientemente, Guzmán aseguró que “el aislamiento durante la pandemia se extendió por razones políticas”. A raíz de la denuncia de Marijuán, Stornelli abrió la causa y ordenó relevar una serie de informes y datos para iniciar la investigación.
“Se investigarán en autos las posibles conductas delictivas llevadas a cabo en presunto abuso de autoridad y en violación de los deberes de funcionario público, sin perjuicio de toda otra figura que pudiera surgir con el devenir de la investigación, en que habría incurrido, cuanto menos, el expresidente de la Nación, Dr. Alberto Ángel Fernández, al extender —según se denuncia— por razones indebidas, mediante el dictado de los respectivos actos normativos, las restricciones sanitarias correspondientes a la pandemia declarada con motivo del Covid, que comenzara en el año 2020″, destacó Stornelli en el disctamen.
Según los dichos de Guzmán, “dada la información técnica que tenía, fue más larga de lo que tendría que haber sido”. “La administración de la pandemia es lo que hacía fuerte al Gobierno”, dijo. Y sumó: “Por mucho tiempo era ‘no, no, no se puede (relajar la cuarentena)’”.
Qué pidió Stornelli para la investigación
El fiscal exigió:
- Recabar la totalidad de las normas y disposiciones dictadas por el Poder Ejecutivo Nacional. “A su vez, resultaría de interés contar con aquellos antecedentes técnicos —y dictámenes jurídicos— que dieron sustento a aquellas decisiones, debiéndose recabar, al efecto, los expedientes completos”, señala.
- Solicitar a la Organización Mundial de la Salud —y a cualquier otro organismo internacional que corresponda— que brinde información estadística acerca de las medidas sanitarias dispuestas en el mundo y los resultados obtenidos.
- Convocar a economistas mencionados en la denuncia realizada por el legislador porteño Yamil Darío Santoro y los abogados José Lucas Magioncalda e Ignacio Falcón. En este caso, la medida fue por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario, abuso de autoridad y privación ilegítima de la libertad.
- Recabar información sobre los reclamos personales, corporativos, empresariales, sindicales y de cualquier otro tipo, público o privado, en relación con las restricciones y/o extensiones de las restricciones ordenadas por el PEN respecto de la pandemia.
- Convocar a los representantes legales y/o titulares de las distintas cámaras empresariales para que se explayen sobre el nivel de actividad de sus rubros durante la pandemia y los efectos que las restricciones. Asimismo, pidió que el Indec y el Ministerio de Economía brinde esa información.
- Las grabaciones de las conferencias realizadas desde la Presidencia de la Nación y desde el Ministerio de Salud de la Nación, en las que se comunicaron las restricciones impuestas durante la pandemia del Covid-19, así como sus respectivas prórrogas.
La respuesta de la ciudadanía a la cuarentena
El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Trabajo, también recabó datos relacionados con información estadística y oficial sobre la “evolución de la nómina laboral pública y privada durante la pandemia”.
Asimismo, desde esa cartera requirieron al Poder Ejecutivo Nacional que informe si existen archivos que constaten que el anterior Gobierno solicitó encuestas sobre la opinión de los ciudadanos en relación con la extensión de las restricciones por la pandemia y/o la opinión que le merecían las disposiciones en este tema.
