Camila Charris Pérez
En un fallo sin precedentes, la Justicia de Corrientes condenó a prisión perpetua a Brenda Miño, una joven de 21 años, por el homicidio de su hijo Naithan, de 4 años, quien padecía una discapacidad motriz.
Sin embargo, la condenada no será encarcelada de inmediato: permanecerá bajo arresto domiciliario hasta que su otra hija cumpla cinco años, momento en el que será trasladada a una unidad penitenciaria para cumplir el resto de la sentencia.
La decisión judicial, que busca priorizar el cuidado de la niña menor, ha generado un fuerte debate sobre el equilibrio entre la aplicación de la justicia y la protección de los derechos de la infancia.
Un crimen atroz y una defensa cuestionada
El caso ocurrió en enero de 2023, cuando el cuerpo de Naithan fue hallado en un descampado del barrio Las Flores, en Paso de los Libres, en un avanzado estado de descomposición. La autopsia reveló que el niño tenía un fuerte golpe en el cráneo, lo que contradijo la versión de la defensa, que sugería una posible muerte accidental.
Durante el juicio, Brenda Miño se negó a declarar, mientras que sus abogadas alegaron su inimputabilidad debido a su “extrema vulnerabilidad”. Argumentaron que la joven vivía en condiciones precarias junto a su madre y sus hijos, y que al momento del crimen su hija menor tenía apenas tres meses.
Además, la defensa cuestionó la causa de muerte del niño y sostuvo que la madre no tuvo intención de asesinarlo. Sin embargo, la falta de denuncia sobre la desaparición de Naithan y las pruebas forenses fueron determinantes para la sentencia.
El caso sigue generando conmoción y abre el debate sobre la responsabilidad penal, la vulnerabilidad social y el derecho de los niños a vivir en condiciones seguras.