Ramiro Pérez
Un hombre de 36 años fue detenido esta semana en el barrio porteño de Palermo tras ser identificado por las cámaras de seguridad mientras ofrecía estacionamiento ilegal en la vía pública. El arresto ocurrió el lunes 21 de abril, cuando agentes de la Policía de la Ciudad lo interceptaron en el cruce de Avenida Del Libertador e Iraola, pleno corazón del parque Tres de Febrero.
El video de la detención
Según informó Infobae, el individuo fue detectado por el sistema de vigilancia del Centro de Monitoreo Urbano (CMU), que lo registró gesticulando a conductores para que dejaran sus autos a cambio de una suma de dinero. Cuando los efectivos llegaron al lugar, confirmaron la infracción y procedieron a identificarlo. Llevaba consigo $69.200 en efectivo, presuntamente recaudados durante su jornada.
Al revisar sus antecedentes, los oficiales descubrieron que el cuidacoches —conocido popularmente como “trapito”— tenía un extenso historial: 42 actas labradas desde el año 2014 por ofrecer servicios no autorizados en la vía pública. La mayoría de estos antecedentes fueron acumulados en zonas de alta concurrencia como Palermo y Núñez, especialmente en fechas de recitales y partidos de fútbol.
La detención fue posible gracias a un operativo del CMU y la Comisaría Vecinal 14C, en el marco de una campaña de control urbano que ya lleva más de 2.000 detenciones de trapitos en lo que va del 2025. En esta ocasión, además de la contravención al artículo 91 del Código Contravencional, el hombre fue notificado por desobediencia a la autoridad, según lo previsto en el artículo 239 del Código Penal.
Un video registrado por las cámaras muestra cómo el hombre intentó escapar al notar la presencia policial, pero fue rápidamente alcanzado y reducido por un agente.
Avanza un proyecto para endurecer penas
En paralelo a estos operativos, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires evalúa un proyecto de ley que busca endurecer las sanciones contra quienes trabajen como trapitos o limpiavidrios sin habilitación. De aprobarse, los infractores podrían enfrentar entre 5 y 30 días de arresto, trabajos comunitarios o multas de hasta $2.9 millones.
Este tipo de medidas responden a un reclamo creciente de vecinos y automovilistas que denuncian presión o cobros indebidos al estacionar en la vía pública.