Redacción Vía País
María Ninfa “Nina” Aquino Chamorro (64) era la empleada doméstica del matrimonio asesinado en Vicente López y la primera en llegar al lugar del crimen. La mujer pasó 13 días detenida mientras se investigaba su posible responsabilidad en el crimen. Casi dos meses después de ser liberada, su abogado solicitó el sobreseimiento total pero fue rechazado por considerarlo “prematuro”.
Este jueves, el juez de Garantías N° 1 de San Isidro, Ricardo Costa, dio a conocer su rechazo al pedido de la defensa, encabezada por el letrado Hugo López Carribero, de sobreseerla por completo. Según argumentaron desde el juzgado “no se adquiere la certeza necesaria para desvincular a la imputada definitivamente de la presente investigación”.
Aquino trabajada hacía 12 años para José Enrique Del Río (75) y María Mercedes Alonso (72), quienes fueron hallados muertos a balazos dentro de su Mercedes Benz E350, el garaje de su chalé de la calle Melo 1101.
Durante el inicio de la investigación, la mujer quedó acusada como “partícipe necesaria” del doble homicidio, ya que una de las hipótesis era que ella los había “entregado” para un robo.
Por su parte, López Carribero hizo hincapié en que el principal sospechoso es Martín Santiago Del Río (47), hijo menor de la pareja. Sin embargo, los fiscales Martín Gómez, Alejandro Musso y Marcela Semería, señalaron que la detención de Del Río no impide la investigación sobre otras personas. “Las hipótesis recriminadas a Martín Del Río y María Ninfa Aquino Chamorro, respectivamente, no resultan excluyentes entre sí”, dijeron.
Y agregaron que: “Se encuentran diligencias probatorias pendientes de producción, como el análisis de aparatos telefónicos y de las comunicaciones, que permitan reforzar o desechar su concurrencia en
el sentido de la colaboración oportunamente recriminada a la nombrada para la realización del ilícito”.
Asimismo, trascendió que el Ministerio Público Fiscal busca conocer más sobre el comportamiento de Aquino durante la joranda en que supo del doble crimen. Los fiscales plantean que la mujer estuvo dos horas en la casona “ante un cuadro de situación poco común y a todas luces perceptible”, sumado a que borró todas las fotos de su celular.
A su vez, los abogados de Diego Del Río (50), el hermano mayor de Martín, tampoco estuvieron de acuerdo con el sobreseimiento de la empleada, dado que deben realizar medidas de prueba que involucran a la mujer.
Cómo continúa la investigación de la causa
Martín Del Río está detenido en el pabellón 3, donde alojan a los violadores, de la Unidad Penal 48 del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), en San Martín. Insiste en que es inocente y reclama prisión domiciliaria por sus problemas de salud.
Su hermano Diego lo señala como el posible asesino, su esposa le pidió el divorcio y su suegro, que al principio lo visitaba, dejó de ir. Además, perdió contacto con su amante Paola, a quien acusó de “extorsionadora”. De esta manera, sólo tiene contacto con el exterior mediante su abogada Mónica Chirivin.
“A mí me mataron en vida, me mataron a mis padres y me quemaron a mi familia, todos me odian y nadie me quiere ver. Me colgaron el cartel de parricida”, dijo frente a los fiscales en su última declaración. Mediante el informe de la Asesoría Pericial de San Isidro se señaló que Del Río presenta “trauma y daño psicológico”, además de mecanismos de defensa esquizoides, obsesivos y maníacos.
“Se observan indicadores de trauma y daño psicológico junto a la presencia de un blindaje defensivo de tipo esquizoide, apela a mecanismos de defensa obsesivos y maníacos, que le permiten al causante una significativa sobreadaptación y de esta manera responder a las exigencias que le presenta la realidad”, señalaron los peritos.
La prueba fílmica, tecnológica y testimonial recopilada por la fiscalía llevó al juez Costa a dictar la prisión preventiva de Del Río como autor de un “doble homicidio calificado por alevosía, por el vínculo, por el uso de arma de fuego y por ser criminis causa” (matar para lograr la impunidad), delito que prevé como única pena la prisión perpetua.
Según los fiscales, el móvil fue económico y está vinculado a los desmanejos financieros del imputado con los bienes y negocios familiares. Principalmente, la operación inmobiliaria que debía concretar el acusado para que sus padres se muden a un departamento de Núñez. Del Río debía realizar la compra del inmueble pero sólo pagó cuatro cuotas de 36.