La forzada renuncia del presidente Evo Morales y del vicepresidente Álvaro García Linera es la consecuencia de un golpe cívico, político y policial que de manera abierta intentó descalificar el triunfo electoral y que, incluso desde antes de las elecciones que se realizaron el 20 de octubre pasado, anunciaron la decisión de desconocer cualquier resultado electoral que favoreciera al presidente Evo Morales.
Todas las iiniciativas de diálogo y negociación ofrecidas por el Gobierno del presidente Evo Morales fueron rechazadas. Las recomendaciones de la OEA de una nueva contienda electoral fueron aceptadas por el Presidente Morales, dirigidas al Parlamento boliviano, incluso con la recomendación de una renovación completa de los órganos electorales y la posibilidad de contar con nuevas candidaturas.
Pero la oposición optó por la intransigencia, la radicalización y la ruptura democrática, abriendo un grave antecedente de un nuevo golpe de estado en la larga historia de interrupciones democráticas en el país. Particularmente grave fueron los comportamientos ilegales e irresponsables de las fuerzas policiales y finalmente, de las propias fuerzas armadas que acompañaron al golpe.
La Presidencia de Evo Morales representó el primer y único gobierno indígena de la historia de Bolivia y que además realizó notorias mejoras económicas y sociales para el país y para los más humildes, devolviendo la dignidad a una población indígena sometida por siglos.
En estas horas oscuras para la historia de Bolivia hacemos un llamado a las fuerzas democráticas bolivianas y a la comunidad internacional para que cese este proceso de revanchismo de los sectores más poderosos que amenaza en convertirse en un sangriento y racista castigo al pueblo boliviano.
Exigimos el respeto a la integridad física de todos y cada uno de los miembros del Gobierno, autoridades locales, militantes, líderes sociales y sus familiares. Es inaceptable la violencia a la que ya muchos fueron sometidos.
Nos solidarizamos con el pueblo hermano de Bolivia en estas horas de sufrimiento y reclamamos la continuidad del proceso electoral transparente y sin restricciones.
Y exigimos a los Órganos Internacionales de Derechos Humanos garantizar el esclarecimiento de los actos de violencia cometidos, el juicio y castigo a los responsables, y el restablecimiento del orden, la paz, la convivencia social y la democracia en Bolivia.