Aquiles Díaz
El jueves por la tarde, el Jurado de Enjuiciamiento informó oficialmente lo que era un secreto a voces, respecto a las decisiones en cuanto al proceso de jury a la Procuradora Adjunta y fiscal Anticorrupción, Cecilia Goyeneche.
De esta forma, se dispuso la suspensión en sus funciones de Goyeneche, conforme a la Ley N°9513. A la vez, también se desplazó al Ministerio Público Fiscal de la acusación.
Cabe destacar que esto se hace en abierta y manifiesta violación a la ley vigente. Según se informó, tanto el Procurador General como la Procuradora Adjunta fueron notificados de la resolución. En el caso de la funcionaria judicial, fue notificada personalmente en su despacho a las 19, tras lo cual, la doctora Goyeneche retiró sus pertenencias y no podrá volver por los próximos seis meses, en que también se le descontará el 30 por ciento del sueldo.
Asimismo, se resolvió por mayoría declarar la incompetencia del órgano para dar trámite a la denuncia incoada contra el Procurador General, Jorge García y remitir copia certificada de las presentes actuaciones a la Cámara de Diputados.
El Jurado de Enjuiciamiento está integrado por el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Martín Carbonell; el vocal el STJ Daniel Carubia; la vocal del STJ Claudia Mizawak; el senador provincial Armando Gay; el diputado provincial Gustavo Zavallo, y por el Colegio de la Abogacía, Luis María Campos y Sonia Rondoni.
Causa
Goyeneche era quien coordinaba el cuerpo de fiscales que trabajaban en ese proceso contra Sergio Urribarri. Al ex mandatario de Entre Ríos y actual embajador en Israel se lo acusa por corrupción en distintos expedientes judiciales.
En el juicio contra Urribarri (y otros ex funcionarios entrerrianos), se investiga el desvío de unos 7,5 millones de dólares para motorizar la campaña del gobernador, para que sea presidente en 2015.
Denuncia
A Goyeneche se la acusa de no abrirse de una causa contra un contador con el que supuestamente era copropietaria de un bien. Además, su esposo había trabajado en ese estudio contable, aunque lo había hecho hasta 1999, mucho antes de los hechos, que comenzaron en 2007 y a investigarse recién en 2018.
Las denuncias las realizaron Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet que, según Goyeneche, mantienen vínculos estrechos y de amistad con Alfredo Bilbao, que está denunciado como “el recaudador” de Urribarri.
Fuentes cercanas al ex gobernador, en cambio, sostienen que en realidad al jury lo “promovieron abogados de la oposición”, los mismos que lo denunciaron a él y con quienes tendría un enfrentamiento político que es de “publico conocimiento” en Entre Ríos. Uno de ellos, Mulet, está en juicio con el hoy embajador por calumnias e injurias.
Apoyo
En una extensa declaración, el Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina y el Consejo Federal de Política Criminal, se pronunciaron sobre la decisión.
Ambos organismos advirtieron “la evidente pretensión de lograr obstaculizar la investigación de hechos de corrupción generados en ámbitos del poder político provincial, avasallando de manera grotesca al Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Entre Ríos”.