Miguel A. López
La iniciativa, impulsada por el oficialismo provincial, contempla la creación de la Obra Social de los Empleados de la Provincia de Entre Ríos (OSER), bajo la conducción del Poder Ejecutivo. El proyecto comenzará a tratarse este miércoles en comisiones del Senado.
“Nosotros creemos que hay que escuchar. Todo legislador necesita información. Más allá de lo que diga un proyecto, es fundamental conocer la voz de los trabajadores. Y la forma de escucharlos es a través de sus representantes”, expresó Oliva, presidente del Bloque de Senadores Justicialistas.
Durante el encuentro, los gremios expresaron su rechazo a la propuesta y advirtieron sobre el impacto que podría tener en el sistema solidario actual. Recordaron que la ley vigente que regula el IOSPER tiene más de 50 años y ha sido modificada en distintas ocasiones para mejorar su funcionamiento.
Médico cardiólogo y doctor en medicina, Oliva insistió en que el proyecto “debe ser estudiado con profundidad, responsabilidad y apertura”. “No se puede legislar con ligereza sobre algo tan delicado como el acceso a la salud. Tenemos la obligación histórica de garantizar un debate amplio, técnico y participativo, en el que se escuchen las voces de los sindicatos, las entidades médicas, los jubilados y las familias que dependen todos los días del IOSPER”, remarcó.
El senador también advirtió sobre las posibles consecuencias que tendría la nueva ley en Concepción del Uruguay, única ciudad de la provincia con una obra social municipal propia, la cual podría verse afectada directamente.
Asimismo, manifestó su preocupación por los cambios propuestos en el sistema de gobernanza: “Uno de los aspectos más preocupantes es la eliminación de la representación democrática de los trabajadores en el directorio del IOSPER. Esto implicaría una concentración de poder en el Ejecutivo y en algunos gremios mayoritarios”.
Por último, Oliva llamó a preservar la esencia del IOSPER: “Es una construcción colectiva, financiada exclusivamente por trabajadores y jubilados. Su objetivo no es generar ganancias, sino garantizar el derecho a la salud de más de 300.000 afiliados. Ese derecho no puede ponerse en riesgo por decisiones apuradas ni por intereses sectoriales”.