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| viernes, 29 de mayo de 2026
El Ministerio Público Fiscal de Entre Ríos decidió avanzar con una nueva etapa de la investigación en la causa conocida como “contratos truchos legislativos”, uno de los expedientes judiciales por corrupción más importantes de la historia provincial.
La noticia se dio a conocer este miércoles por la noche durante el editorial del programa Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral). Según se informó, el 23 de noviembre el Ministerio Público Fiscal abrió formalmente la segunda etapa de la causa, que buscará profundizar las responsabilidades políticas detrás de la maniobra.
La decisión lleva la firma de los fiscales Ignacio Aramberry y Patricia Yedro, quienes también participaron en la elevación a juicio de la primera etapa de la investigación y cuentan con especialización en delitos contra la administración pública.
Cuando en 2021 se elevó a juicio la primera parte de la causa, la investigación se concentró principalmente en responsabilidades administrativas dentro de la Legislatura, así como en los estudios contables que habrían colaborado en la estructura de los contratos irregulares.
Sin embargo, aquella etapa dejó fuera a quienes tenían responsabilidad política en la conducción de las cámaras legislativas.
La nueva investigación buscará determinar el rol que pudieron haber tenido ex autoridades del Poder Legislativo durante el período en que se desarrolló la maniobra, que abarca entre 2008 y 2018.
En ese marco, la pesquisa podría alcanzar a ex vicegobernadores de la provincia y ex presidentes de la Cámara de Diputados de ese período. Además, se adelantó que si se detecta que algún vicegobernador no firmaba los contratos cuestionados, la investigación podría avanzar sobre quienes ejercían la función de vicepresidente primero del Senado.
Entre los nombres que aparecen inicialmente en análisis se encuentra el del ex senador Aldo Ballestena, del departamento La Paz.
La investigación de los llamados “contratos truchos legislativos” comenzó de manera inesperada en la primavera de 2018.
Un agente policial detectó movimientos inusuales en un cajero automático de Paraná: una sola persona operaba numerosas tarjetas de débito y retiraba grandes sumas de dinero. La situación fue informada a sus superiores y motivó una pesquisa que terminó revelando un esquema mucho más amplio.
Las investigaciones posteriores permitieron detectar contrataciones en la Legislatura a nombre de terceros, muchos de los cuales actuaban como “prestanombres”.
Según la hipótesis de los fiscales, una organización integrada por empleados legislativos y personas vinculadas a estudios contables habría montado un sistema para desviar fondos públicos mediante contratos ficticios.
El 1 de junio de 2021, los fiscales decidieron cerrar la Investigación Penal Preparatoria y solicitar la elevación a juicio oral.
Sin embargo, la causa sufrió una prolongada paralización debido a planteos de la defensa. Los abogados sostuvieron que el dinero presuntamente desviado habría sido utilizado para financiar campañas políticas, por lo que el expediente debía tramitar en la Justicia Electoral.
El planteo fue aceptado inicialmente por el juez federal Daniel Alonso, lo que derivó en un complejo recorrido judicial entre la Justicia Electoral y la Corte Suprema de Justicia de la Nación, proceso que demoró el avance del expediente durante varios años.
La investigación volvió a activarse en 2024 en la Justicia provincial, aunque con un ritmo lento.
En las audiencias que comenzaron en 2025 se expuso una presunta estructura compuesta por:
De acuerdo con la hipótesis fiscal, estas personas habrían participado en falsificación de firmas, endoso de cheques y extracción de dinero, entre otras maniobras.
Los investigadores también sostienen que parte de los fondos sustraídos habría sido destinado a inversiones privadas, especialmente en los sectores inmobiliario y agropecuario.
El expediente tuvo 32 imputados en su inicio, aunque con el paso del tiempo el número se redujo debido a acuerdos de suspensión de juicio a prueba (probation) y sobreseimientos.
Entre quienes continúan imputados figuran Flavia Beckman, Hugo Mena, Ariel Faure, Jorge De Breuil, Gustavo Pérez, Alejandro Almada, Juan Pablo Aguilera, Hernán Díaz, Marta Pérez, Pedro Opromolla, Maximiliano Degani, Sergio Esteban Cardoso, Diego Martín Pagnoni, Mariano Speroni, Juan Domingo Orabona, Jorge Fabián Lazzaro y José Javier Schneider, entre otros.
Las audiencias están a cargo de los fiscales Ignacio Aramberry, Patricia Yedro y Gonzalo Badano.
Mientras avanza esta nueva línea investigativa sobre posibles responsabilidades políticas, el proceso judicial por la primera etapa de la causa “contratos truchos legislativos” deberá avanzar hacia el juicio oral.
Según el calendario judicial vigente, la instancia de juicio podría comenzar en mayo de este año, en paralelo con la investigación que intenta determinar quiénes tuvieron responsabilidades políticas en el presunto desfalco al Estado entrerriano.
Redacción Vía Paraná