Redacción Vía Paraná
El empresario Daniel Carbonell dueño de Tornell SA, empresa que está a cargo de la seguridad de Enersa, fue indagado en el Juzgado de San Isidro y su abogadi dijo que se abstuvo de declarar y que presentaría un escrito.
Carbonell, dirigente del Paraná Rowing Club, al igual que los hermanos Tórtul, está imputado y el juez le dictó la prohibición de salir del país. Hoy lunes vence el plazo que define su situación y podría quedar detenido según publicó Analisis Digital.
Carbonell está imputado en la causa que investigan sobre el pago de sobornos a funcionarios públicos para lograr firmar contratos de vigilancia privada con la empresa Securitas. El empresario viajó el lunes 24 de junio al Juzgado Federal de San Isidro acompañado por sus abogados Agustín Roca y Lucas Ezequiel Eksiyan donde fue indagado por Fernando Domínguez Fiscal Federal en lo Criminal y Correccional Nº 2.
En el juzgado se le leyó la acusación en su contra y en la ocación detalló que no tiene bienes muebles e inmuebles y que gana aproximadamente 5 millones de pesos mensuales, además que vive con su pareja y no tiene personas a su cargo.
La acusación
En la lectura de la acusación figura “Haber participado en su carácter de accionista y director suplente de Tornell SA en el pago de sobornos a los funcionarios públicos de la empresa estatal Enersa, dirigidos cuanto menos a Alejandro Cis (gerente de Logística) y José Gervasio Laporte (secretario Legal y Técnico del Gobierno de Entre Ríos y miembro de la comisión fiscalizadora de Enersa), durante el período de vigencia y en el marco del contrato de locación de servicios tras la licitación adjudicada a Securitas SA en marzo de 2017″.
Además “Tornell SA emitió entre noviembre de 2016 y diciembre de 2018 76 facturas como proveedor fraudulento por servicios no prestados en la realidad por un total de 22,6 millones de pesos”.
La estafa de estos montos actualizada sería de 1,5 millones de dólares, es decir 1.500 millones de pesos. “Ese dinero, una vez ingresado al patrimonio de Tornell SA, habría sido posteriormente utilizado por algunos de los integrantes de la asociación ilícita investigada para el pago de los sobornos a las autoridades de Enersa y del Gobierno de Entre Ríos”, se añadió. También se le reprochó a Carbonell “haber participado necesariamente en el delito de negociaciones incompatibles con la función pública”.
“Por consejo de mi defensa me abstengo de declarar y de contestar preguntas”, dijo textualmente, según publicó Análisis Digital.
Hoy 8 de julio vence el plazo de 10 días hábiles que tiene la jueza Sandra Arroyo Salgado para definir la situación del empresario. Una de las posibilidades es su procesamiento y no se descarta la posibilidad de que se le dicte prisión preventiva, del mismo modo que a sus socios Marcelo y Claudio Tórtul.