Jimena Leguizamón
La Jefatura de Policía de Misiones resolvió pasar a disponibilidad al sargento Carlos D., custodio del intendente de San Ignacio, luego de que su nombre apareciera mencionado en una investigación por la presunta captación y explotación sexual de una joven de 18 años en un complejo turístico de esa localidad. La medida administrativa fue adoptada en las últimas horas, en paralelo al avance de las actuaciones judiciales.
La causa se tramita en la Fiscalía del Juzgado de Instrucción N.º 2 de Jardín América, a cargo del fiscal Jorge Fernández, quien aguarda resultados de pericias y la elevación de las actuaciones realizadas tras el operativo del pasado 26 de octubre. Una vez analizado ese material, el funcionario judicial definirá si corresponde requerir instrucción por presunto abuso o derivar el expediente al fuero federal, ante la posibilidad de que se configure un caso de trata de personas.
Durante el procedimiento que permitió asistir a la víctima fueron demorados tres hombres, entre ellos el funcionario policial ahora apartado, aunque todos recuperaron la libertad por falta de elementos procesales suficientes para solicitar sus detenciones.
El caso cobró relevancia nacional luego de que la Fundación Alameda, presidida por Gustavo Vera, presentara una denuncia ante la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX). En el escrito se señala la presunta captación de la joven, amenazas hacia su familia, traslado forzado y un abuso sexual ocurrido en el complejo “La Familia” de San Ignacio. También se menciona la posible participación de efectivos policiales y personas vinculadas a la administración municipal.
De acuerdo con la denuncia, el padre de la víctima —sargento primero de la Policía de Misiones— tomó conocimiento de la situación tras un intercambio de mensajes con su hija, quien informó que había sido llevada desde Loreto hasta San Ignacio. El aviso permitió activar un operativo policial que culminó con la asistencia de la joven y la identificación de los sospechosos.
La víctima fue examinada por un médico legista en Puerto Rico, quien constató signos compatibles con abuso sexual. En declaraciones públicas, la joven relató que habría sido drogada y agredida por varias personas, además de recibir amenazas contra su hermana menor.
La denuncia presentada ante PROTEX solicita que se investiguen delitos previstos en los artículos 140, 145 bis y 145 ter del Código Penal, vinculados con la reducción a servidumbre y la trata con fines de explotación. La organización aportó como prueba registros de mensajes, copia de la denuncia inicial en la Comisaría de la Mujer y contactos familiares para futuras medidas judiciales.
Por el momento, las actuaciones continúan bajo reserva judicial. El sargento permanecerá en disponibilidad preventiva hasta que se defina la continuidad del expediente y la eventual intervención de la justicia federal.