Un joven oficial de Gendarmería Nacional Argentina, Matias M (23) que residía en El Soberbio y prestaba servicio bajo la órbita del Escuadrón 9 Oberá, fue detenido en abril por haber organizando una transacción por droga para "dibujar" un operativo. El joven está imputado por "almacenamiento de estupefacientes, falsedad ideológica e incumplimiento de los deberes de funcionario público", y afronta una pena de hasta 15 años de prisión Matías en su declaración como arrepentido dejó a la vista las prácticas irregulares arraigadas a las fuerzas. El joven prestó declaraciones en el mes de septiembre y aseguró que seguía expresas directivas del propio jefe del Escuadrón 9 Oberá, desde un primer momento indicó su inocencia dado que cumplía órdenes de la superioridad y que era presionado por el jefe para obtener resultados.
Como arrepentido en la causa brindó detalles de los modos de organización e implicó a altos mandos de la fuerza. Esto disparó la instrucción de una causa paralela que podría implicar a varios miembros de las fuerzas. Aseguró que para Gendarmería es un procedimiento común adquirir estupefacientes para “inflar” estadísticas, transacción que en muchas ocasiones se pagaría con cigarrillos de contrabando incautados.
Según la información a la que accedió El Territorio Digital, el oficial aseguró que “muchas veces se quema la mitad de lo incautado o sólo se saca una foto y después de lleva todo al Escuadrón para negociar por datos y procedimientos. Es más, citó que en algunas ocasiones desde la superioridad le solicitaron que envíe cerveza y hasta pollo decomisado. Todo lo que declaró fue con pruebas, tal como indica la ley del arrepentido, hechos donde fue partícipe. En este caso el hilo se cortó por lo más fino, pero la cadena de responsabilidades va hacia arriba y la Justicia está avanzando para deslindar las responsabilidades”, subrayaron.
Desde la defensa del joven solicitaron la intervención de otra fiscalía para garantizar la imparcialidad del proceso, dado que la fiscal Vallejos ejerce como profesora del Centro Educativo de Perfeccionamiento Específico que funciona en la misma dependencia, por lo que percibiría un sueldo de GNA. El imputado solicitó cuatro veces la posibilidad de testificar como arrepentido y la fiscal le negaba.