Contrarreloj, como con casi todos los conflictos: así está operando el Gobierno nacional para evitar un estallido social en la Patagonia, por la decisión de las empresas de suspender más de 1.200 trabajadores y despedir otros 600 ante la caída de la producción de hidrocarburos y la inseguridad jurídica que les generan los constantes cambios de normativas.
Este lunes hubo una reunión: en una mesa se vieron las caras por primera vez desde que asumió Alberto Fernández los sindicalistas, los directivos de las compañías y funcionarios nacionales. Como no hubo acuerdo, el miércoles habrá otro encuentro a las 17:00 para intentar un acuerdo que reasegure la paz social, con participación de gobernadores patagónicos.
Ocurre que las empresas que producen hidrocarburos, principalmente aquellas ubicadas en el yacimiento de Vaca Muerta, enviaron a sus empleados 1.847 telegramas de despido y suspensiones entre septiembre y diciembre. La situación golpea principalmente en las provincias de Neuquén y Río Negro.
El Gobierno del ex presidente Mauricio Macri intervino con el dictado de una conciliación obligatoria, que fue extendida por la actual gestión para evitar una escalada en el conflicto. Pero los operarios vienen presionando para que esos telegramas sean suprimidos y se aseguren los puestos de empleo.
Los despidos se generaron por la caída de la producción tanto en Vaca Muerta como en yaciamientos convencionales debido a la decisión privada de bajar equipos ante la inseguridad jurídica que les generó a las empresas un abrupto cambio en las condiciones económicas a partir de agosto de 2019.
El 15 de agosto, después de la derrota en las elecciones primarias y en medio de una nueva crisis cambiaria, Macri firmó el decreto 566 con el que congeló los precios de los combustibles por tres meses. Las empresas lo vieron como una mala señal y comenzaron a bajar equipos de producción.
Ahora, con el proyecto para una nueva ley de hidrocarburos (que tiene como objetivo "blindar" a Vaca Muerta), la gestión de Fernández pide paciencia y confianza, dado que la producción hidrocarburífera es uno de sus principales objetivos en tanto resulta una fábrica de dólares, clave para mejorar la situación de la balanza de pagos.
Ese fue el mensaje que le dio Fernández el jueves pasado en una reunión en la Casa Rosada a Daniel De Negris y Matías Szapiro de ExxonMobil; Marcos Bulgheroni y Rafael Machin de Pan American Energy; Gastón Remy de Vista; Germán Machi y Adrián Vilaplana de Plus Petrol Argentina, y Carlos Ormachea de Tecpetrol.
En esa misma mesa estuvieron Sean Rooney y Verónica Staniscia de Shell; Eric Dunning y Dante Ramos de Chevron; Carlos Seijo de Total; Mandred Böckmann y Mariano Cancelo de Wintershall Dea, y Hugo Eurnekian de la Compañía General de Combustibles.
Allí, junto a Kulfas; al secretario de Energía, Sergio Lanziani; y al presidente de YPF, Guillermo Nielsen, el jefe de Estado confirmó que el proyecto de ley será enviado a mediados de febrero al Congreso, para que se trate en sesiones extraordinarias.
Para superar la coyuntura Este lunes se reunieron los ministros de Trabajo, Claudio Moroni, y de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, por parte del líder de Petroleros Privados, Guillermo Pereyra, y su par de Jerárquicos, Manuel Arévalo. También representantes de las cámaras de Empresas Productoras de Hidrocarburos (CEPH) y de Empresas de Operaciones Petroleras Especiales (Ceope).
Pereyra y Arévalo fueron directos: reclamaron que se dejen sin efectos los telegramas y pidieron un horizonte de previsibilidad, que se reactiven pozos que fueron paralizados. En concreto, Vaca Muerta ha comenzado a levantar su producción, pero el petróleo convencional viene 5% abajo y el gas, 7,2%.
Ante los planteos, las cámaras pidieron tiempo hasta el miércoles. Este martes todas las compañías líderes fijarán una postura común que será comunicada al gobierno y a los sindicatos. Fuentes de las compañías aclararon que no pueden tomar decisiones de mediano y largo plazo hasta no conocer en detalle el proyecto para una nueva ley de hidrocarburos.
Al margen de la respuesta de las compañías, los petroleros que conducen Pereyra y Arévalo realizarán el jueves una asamblea en la capital neuquina con trabajadores de las tres provincias: se espera la presencia de unos 20.000 operarios.