Rocío Sileci
El Senado de Mendoza avaló el programa de atención y prevención del suicidio y aprobó el proyecto que pasó a Diputados para su revisión. El objetivo es darle un abordaje integral al tema e incorpora la cobertura obligatoria de las obras sociales.
Se trata del Programa Integral de Prevención y Atención del Suicidio (PIPAS) que se aplicaría en el ámbito de la Provincia de Mendoza, en caso de ser aprobado, y su aplicación estaría bajo la órbita del actual Ministerio de Salud.
Entre los fundamentos del proyecto que presentó el senador Mauricio Sat, resaltan que los suicidios representan alrededor del 16% de las causas externas de muerte. Estas muertes son evitables si se desarrollan las acciones pertinentes para prevenirlas.
“Pretendemos es que se cree un marco normativo específico e Integral de Prevención y Atención del Suicidio que nos permita articular los esfuerzos que se hacen desde la sociedad, desde organizaciones no gubernamentales y desde el Estado”, explicó el legislador.
Si bien existe la Ley N° 27.130 que es Ley Nacional de Prevención del Suicidio, a nivel provincial no hay una norma similar. Por ello es que “planteamos lineamientos para desarrollar una coordinación más eficaz y adecuada sobre esta problemática
Y resaltan que “se puede ver agravada por el actual contexto de pandemia que estamos atravesando, donde las interacciones sociales están profundamente disminuidas ya que estas, según los especialistas, son considerados factores protectores que neutralizan la intención del suicida”, agregó Sat.
En Mendoza, durante los últimos cuatro años, se produjeron más de tres mil intentos de suicidio, según datos de la Dirección de Estadística e Información de Salud (DEIS) de la Nación.
Por otro lado, según la Organización Mundial de la Salud (O.M.S) por cada suicidio se registran 20 intentos, y las tasas de suicidio han aumentado un 60% en los últimos 50 años.
Los ejes del programa
Plantean trabajar desde prevención, por lo que proponen desarrollar programas de capacitación; campañas de concientización sobre factores de riesgo y generación de factores de protección; incentivar la formación de líderes adolescentes en la temática y trabajar en la buena comunicación de los medios.
Respecto a la atención, plantean que el paciente con intento de suicidio sea atendido mediante un equipo interdisciplinario, acompañándolo en el proceso de tratamiento, rehabilitación y reinserción social, involucrando a la familia y la comunidad de pertenencia.
En cuanto a la capacitación, se destaca la formación continua de los recursos humanos de escuelas, servicios de salud, servicios de protección, fuerzas de seguridad y organizaciones comunitarias, promoviendo redes de articulación.
En referencia a la cobertura, y según lo establecido en la Ley N° 27.130, la iniciativa de Sat, estipula que las obras sociales, entidades de medicina prepaga y las entidades que brinden servicios médicos, asistenciales, a sus afiliados, deben brindar cobertura asistencial a las personas que hayan sido víctimas de intento de suicidio y a sus familias.