Los integrantes de la comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputados, que preside Carlos Sosa (FdT-PJ), se reunieron con el presidente de AySam, Alejandro Gallego.
Reclamo de vecinos de los barrios de piedemonte
Gallego explicó que es un tema complejo que ha ido creciendo en desorden respecto a los servicios públicos. “Es una zona de expansión y no de concesión, la empresa tiene obligación con su infraestructura de dar el servicio de agua en la zona de concesión, no así en la zona de expansión porque no se cuenta con la infraestructura necesaria, tenemos una limitación enorme de infraestructura y esa es la realidad”.
El funcionario indicó que entre los Distritos Las Compuertas y las Vertientes hay aproximadamente unas 3.000 familias, de las cuales sólo 60 familias “son usuarios que pagan el servicio y tienen la factibilidad de AySam”.
El resto de las familias se abastecen del servicio “algunos por conexiones clandestinas, otros por la compra de agua para uso a través de camiones, y para consumo compran bidones; y hay un grupo importante que lo hace por medio de pozos, hay pozos para uso agrícola que se están utilizando para consumo humano”.
Según dijo, “la solución de corto plazo sería darles agua en bloque a las viviendas que hoy estén habitadas, la idea es hacer un censo, para corroborar cuantas son. Tenemos limitación de información porque esto existe en la ilegalidad”.
La idea es instalar dos cámaras para conectar a los distintos barrios y todo lo que es conexión a estas cámaras, será responsabilidad de los barrios. “Es una solución intermedia, no es la óptima, a la empresa le gustaría dar el servicio de forma continua, pero necesitamos inversiones que no hay, es una solución alternativa de corto plazo para que la empresa busque los fondos para llegar a las viviendas en forma de suministro continuo”, afirmó.
Inversiones
Gallego explicó que lo recaudado por las tarifas, es para solventar los gastos corrientes de manteniendo de la empresa. Dijo también que todo lo que tiene que ver con inversión se financia a través de fondos que vota la Legislatura en el presupuesto provincial. Asimismo con el presupuesto nacional, se recibe financiación de ENOHSA, que tiene un banco de proyectos.
“Hemos presentado el proyecto para poder dotar del servicio a cada uno de nuestros usuarios. La realidad es que ENOHSA no puede financiar la totalidad de los pedidos de fondos, actualmente tenemos un pedido de 700 millones de dólares y nos van dando los fondos en función de la disponibilidad. En este momento tenemos proyectos que se van a estar ejecutando con fondos de ENOHSA por 2500 millones de pesos, que se van a estar licitando de aquí a fin de año. Y aparte los proyectos que hoy estamos realizando que son Paramillo, como la gran obra”. Por otra parte Gallego señaló que se reciben fondos municipales, con los cuales se realizó una compra de 150 kilómetros de caños, para reemplazar durante este año estos kilómetros de caños en mal estado.
Ante la consulta de si hay un el plan de inversión para obras previsto con los fondos recaudados por las tarifas expuso que según el marco regulatorio votado por la legislatura la tarifa que se cobra es para los gastos operativos.
“La inversión se realiza con los fondos aprobados por la Legislatura. En el pedido de endeudamiento que se solicitó, cuando se trataba el presupuesto, se habían solicitado 200 millones para dotar de infraestructura y no fue aprobado. El mejor momento para discutir la inversión es en el presupuesto, estas obras requieren de endeudamiento, pero son obras con vida útil de 30 años o más y es natural hacerlas con endeudamiento. De igual manera, la provincia ha realizado inversiones en obras importantes con una inversión en obras de casi 1.000 millones de pesos” manifestó.
Tarifa social
Indicó que el punto central es determinar “de dónde saldrán los fondos, hoy contamos con el subsidio a jubilados, con un descuento de casi el 50% de la tarifa, y la compensación aquí la realiza la Provincia”.
Gallego subrayó que dada la situación de pandemia, la empresa no está autorizada a realizar cortes por falta de pago, ni judicialización de usuarios. “Otra cosa es la deuda anterior que pudo haber estado judicializada antes de la pandemia, que pudo haber seguido su curso”.
