El radicalismo quiere reformar el Tribunal de Cuentas

El Gobierno de Mendoza presentó en la Legislatura un nuevo proyecto con apuro de aprobación. Se trata de la modificación de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas. Esto, y a un mes de que termine el año, generó duros cuestionamientos desde la oposición.

La presentación oficial del mismo se realizó mediante un Zoom que realizaron los diputados del radicalismo,el presidente del organismo, Néstor Parés y el ministro de Hacienda, Lisandro Nieeri.

Desde el Partido Justicialista cuestionaron las modificaciones que dicen busca otorgar nuevas atribuciones al titular del Tribunal de Cuentas.

“El controlado y el controlador estuvieron defendiendo el proyecto. Me hace ruido una ley que le da superpoderes administrativos al presidente. Si esto sale sin consenso sería gravísimo, deberíamos tener tiempo para estudiarlo”, manifestó la diputada del Frente de Todos, Liliana Paponet, al diario El Sol.

Por su parte, Parés defendió la iniciativa: “Esto no tiene nada que ver con superpoderes. La ley dice que soy el jefe administrativo, ¿que es ser el jefe administrativo si no se puede designar personal? Entre 2011 y 2015 metieron 82 cargos”.

Cambios propuestos

Actualmente el organismo que audita las cuentas públicas está compuesto por un presidente y cuatro vocales, que son contadores. Con la modificación se establece que uno de esos vocales deberá ser abogado.

Uno de los puntos cuestionados por la oposición es que se le otorga una serie de atribuciones al presidente del Tribunal, ya que será el encargado de designar al secretario relator y al director general de cuentas. Actualmente esa potestad es de todos los miembros del organismo.

“Las decisiones que toma un tribunal colegiado, si se aprueba el proyecto, las hará el presidente de forma unipersonal”, añadió Paponet.

Cuestionaron también otra atribución en cuanto al manejo de los empleados. La reforma determina que el titular del Tribunal podrá “designar y remover” al personal y los funcionarios fuera de nivel escalafonario. Además, será el encargado de administrar los fondos. “No me audito a mí mismo. Tengo que ser tratado como cuentadante y me aparto. Los vocales tendrán que emitir un fallo aprobatorio o no”, resumió Parés.

Los cuestionamientos no sólo llegaron desde la oposición. Según pudo saber El Sol, el Consejo Técnico que desde el 2018 trabajó en la elaboración del anteproyecto tampoco coincide con algunos artículos de la iniciativa.

Más cambios

La opción de interponer un recurso de reconsideración, es otro artículo que se agrega. Para eso habrá un plazo de 15 días corridos desde el día siguiente a la notificación del fallo.

“En los fallos nos podemos equivocar. La idea es que se pueda enmendar un error y solucionarlo rápido sin tener que ir a la justicia”, explicó Parés.

Sin embargo, el diputado Mario Vadillo cuestionó esa posibilidad: “Sorprende la creación de un Recurso de Reconsideración. Debe dudarse seriamente de la eficacia de este recurso que en la práctica es difícil que prospere ante el mismo tribunal que se expidió”.

También se introduce la oralidad para el cuentadante y para el organismo, de manera de brindar mayor celeridad a los procesos de auditoría de cuentas.

En cuanto a las multas, serán hasta 50 veces el importe de la asignación de clase inicial, correspondiente al escalafón para el personal de la administración pública. Además, se prevé la aplicación de la tasa activa del Banco Nación para que quienes resulten sancionados no paguen sumas ínfimas como consecuencia de la inflación. Fuente El Sol