Los concesionarios del centro de esquí Penitentes, la familia López Frugoni y sus herederos, solicitaron en abril del año pasado una extensión por 35 años más de la concesión. Esto fue denegado por el Gobierno de Mendoza. Es por eso que desde el 31 de diciembre de 2018, el complejo está a la deriva.
"El Gobierno decidió quitarle la concesión a la familia que la tenía, e imagino que habrán tenido sus motivos para hacerlo y prefiero no meterme en el tema. En lo que no estamos para nada de acuerdo es en que no se hayan tenido en cuenta las consecuencias de esa decisión. Antes, quieras o no, tenías personal controlando lo que pasaba en el lugar, quién ingresaba, manteniendo la limpieza y el cuidado y hasta advirtiendo de avalanchas. Hoy todo esto quedó a la deriva, en abandono", destacó Verónica Tsallis, propietaria de algunos departamentos ubicados en el lugar y quien vive allí de forma permanente desde hace 8 años.
"Nos estamos quedando sin gas (por ejemplo). Tenemos 6 zeppelin que periódicamente se rellenaban y hasta había una cooperativa que hacía el cobro. Creemos que las entidades gubernamentales ni siquiera están al tanto en profundidad de la problemática. Dentro de las pocas alternativas que nos han dado, está la de calefaccionar con electricidad. Pero tampoco es algo posible, ya que por un lado- se corta permanentemente la luz. Y no es suficiente cuando afuera hay - 25 grados", agregó Verónica en declaraciones a Diario Los Andes.
Desde el Gobierno de Mendoza, en tanto, prefirieron no explayarse en detalle sobre la situación conflictiva. No obstante, indicaron que no puede hacerse un nuevo llamado a licitación hasta tanto la Corte no se expida sobre la constitucionalidad del decreto que no extendió por 35 años más la concesión a los anteriores operadores (se estima que sería antes de fin de mes). Y sostuvieron que el lugar estaba en condición de abandono desde antes de que se tomara la drástica decisión.