La iniciativa del gobernador Alfredo Cornejo busca modificar la Ley 4976 que regula la profesión de abogados para que aquellos estudiantes de abogacía recién egresados deban aprobar un examen para así hacerse de su matrícula.
Jaime Correas, director General de Escuelas, dio su punto de vista en declaraciones a radio Mitre Mendoza: "Esto no solamente tiene que ser tomado por el Estado, sino exteriormente a la institución. Este doble sistema de acreditación es algo fundamental si queremos mejorar nuestro sistema educativo, deberíamos poner en todos los niveles y modalidades. Aspiramos a que realmente el Estado pueda saber si nuestros estudiantes aprenden lo que se supone que han aprendido. Además es para separar la paja del trigo, no es lo mismo hacer una carrera a distancia que estar cursando todos los días, estar con el profesor, tomar apuntes e ir a la biblioteca. Son cosas que deberían estar en nuestro sistema".
"Estoy convencido que no toca en lo más mínimo la autonomía de las universidades que el Estado acredite si alguien tiene un conocimiento o no. Además esas acreditaciones no son para castigar a nadie, sino simplemente para saber si esa persona que me está enseñando sabe realmente, o aquella que me está curando tiene conocimientos, y lo mismo para aquel que me está defendiendo en el sistema jurídico. Además si lo sabe, ¿cuál es el problema de que tome el examen?", concluyó Correas.