El Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía planteó en el presupuesto 2018 la asignación de $982 millones para construir, ampliar y refaccionar edificios destinados a la prestación de servicios sanitarios.
Desglosando la propuesta, se observa que las obras pueden clasificarse según dos grandes criterios: obra nueva y obra que ya fue iniciada y cuya ejecución y presupuesto se prorratea durante varios ejercicios. Así, el monto total de inversión para estas 40 obras asciende a $2.045 millones, de los cuales $982 millones corresponden a 2018.
En el ítem obra nueva se ubican 17 proyectos que en total costarán $736 millones con una inversión para 2018 de $377 millones. Aquí encontramos la construcción del Hospital Schestakow en San Rafael, al que se destinarán $100 millones; la guardia del Hospital Central, con una inversión de $ 50 millones, y la delegación San Rafael de la sede de la Obra Social de Empleados Públicos, con $70 millones, entre otros proyectos.
En cuanto a las obras que ya se iniciaron y que se encuentran con diversos porcentajes de avances, la inversión destinada será de $604 millones para 23 obras. Entre ellas, sobresalen la Maternidad del Hospital Luis Lagomaggiore recientemente adjudicada y que convertirá a la única maternidad pública de la provincia en pionera en aplicar el concepto de maternidad segura centrada en la familia; la segunda etapa de ampliación del Hospital Tagarelli y la remodelación del Hospital Perrupato. Además, los centros de salud de Tunuyán, Guaymallén, San Rafael y San Martín.
El presupuesto 2018 fue elaborado con una distribución de los proyectos de fuerte carácter federal. Se ejecutarán 334 obras distribuidas en toda la provincia con una inversión total de $8.200 millones, es decir el 10% de la pauta total de gastos.
Según se desprende del informe presentado en la Legislatura, del 100% del total presupuestado para 2018, el 50% será destinado a las obras de desarrollo. Es el caso de los acueductos ganaderos y la ejecución de caminos productivos y urbanos, el 25% a la construcción de escuelas, destacamentos policías e infraestructura sanitaria, y el 25% restante, a viviendas.