La solicitud está fundamentada en los diferentes hechos polémicos ocurridos este año en la cárcel de Pampa de Las Salinas, tales como el fallecimiento de internos en "situaciones poco claras", y también por "motines, enfrentamientos de presos con los penitenciarios y la detención de personas que merodeaban sus instalaciones".
La carta, que está firmada por la responsable de la institución, Graciela Dubrez, puntualiza que el Servicio Penitenciario ubicado en La Botija "estaría tolerando o alentando el tráfico de estupefacientes a través de visitas que ejercerían la prostitución dentro de la cárcel".
El pedido de informe busca saber la capacidad de alojamiento en el complejo penitenciario, la cantidad de reclusos que contiene actualmente, cuál es la distribución de la población interna y situación procesal, los días de visita, los modos de requisas, acreditaciones, protocolos y el control de tráfico de estupefacientes.
Otra de las inquietudes es conocer con certeza, "si es cierto", que a la cárcel "ingresan personas que ejercen la prostitución", y "qué medidas tomaron las autoridades".
Por otra parte, se denunció que hace años que la provincia no adhiere a los protocolos para evitar la tortura y penas crueles en sus instalaciones penitenciarias.