Un joven de 33 años decidió acordar un juicio abreviado a cambio de una rebaja de pena, para no ir a un debate común como presunto autor de un delito grave: haber ultrajado sexualmente a un hombre de 51 años con síndrome de Down y un marcado retraso madurativo, en la empresa de transporte donde ambos trabajaban, en Capital, dijeron fuentes judiciales.
En ese acuerdo, el acusado Juan Francisco Pereyra reconoció que al menos en dos ocasiones se las ingenió para hacer quedar fuera del horario de trabajo a la víctima. Y que lo llevó a uno de los baños de la empresa de transporte de pasajeros para obligarlo a que le practicara sexo oral.
El acuerdo fue firmado por el imputado Pereyra con su abogada Lorena Lara Barros y la fiscal Leticia Ferrón de Rago. En ese planteo, se mostró dispuesto a cumplir 6 años de castigo, que es el mínimo de pena de la escala penal del delito que le atribuyen, abuso sexual con acceso carnal (así se considera a la práctica de sexo oral) reiterado, pues quedó probado que esas maniobras ocurrieron el 29 de julio y el 5 de agosto del año pasado, en la tarde.
Había sido otro guardia de seguridad quien supo lo que ocurría luego de que la víctima se lo contara. Ese hombre alertó a su familia, que denunció el caso el 10 de agosto de 2016. Un mes después, el 19 de septiembre de ese año, Pereyra se entregó en Tribunales.
Y allí negó cualquier vinculación a los delitos que le imputaban, incluso intentó sembrar un manto de duda sobre la sexualidad de la víctima.
Sin embargo las pruebas en su contra fueron contundentes. Estaba el testimonio del otro guardia, la propia versión de la víctima en Cámara Gesell y, por si fuera poco, los videos de las cámaras de seguridad de la empresa en la que se ve a Pereyra llevar a la víctima al baño y, luego, mirar para todos lados antes de meterse al mismo lugar.