Suárez decidió frenar el debate de la ley de educación hasta 2021

El gobernador, Rodolfo Suárez, le puso el freno al tratamiento de la nueva ley de educación en Mendoza. El mandatario escuchó las críticas que partieron de la oposición, el SUTE y los docentes que no están de acuerdo en debatir una norma de ese calibre en medio de la crisis desatada por la pandemia.

Incluso hasta comenzaron en el gobierno a introducirles cambios al borrador siguiendo las sugerencias que recibieron, sin embargo, el coronavirus no es la única razón para que Suárez decidiera postergar el análisis de la ley que regirá la educación en Mendoza.

La interna que tiene por estos días el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación, genera mucho ruido en el medio del tratamiento y el Gobernador prefiere esperar a que el SUTE resuelva sus enfrentamientos puertas adentro, con la elección de autoridades en 2021.

"No se va a poder debatir la ley en serio mientras el SUTE tenga la interna que tiene. Hay que tomarse todo el tiempo que sea necesario porque es un tema clave y no podemos prescindir de la voz del gremio en la definición", dijo Suárez a Los Andes.

El Gobernador cree que el SUTE debe cumplir un rol "fundamental" en la letra que regirá la educación mendocina los próximos 20 años (la actual es de 2002). También remarcó que entendió que en el contexto actual, con pandemia y crisis económica, "se hace difícil el debate".

La decisión oficial implica retrasar todo el proceso al menos un año. El gremio debería hacer su elección de autoridades en julio de 2021, pero la pandemia puede modificar el cronograma. De hecho, una resolución del Ministerio de Trabajo de la Nación ha pospuesto congresos, asambleas y mandatos sindicales hasta el 28 de febrero próximo y podría prorrogarse de acuerdo a la situación sanitaria del país en ese momento.

Aunque esa suspensión se levante, ya complicó la elección docente: la junta electoral debería constituirse en diciembre para iniciar el proceso que termina con la votación y no podrá hacerlo por esa resolución. Esto implicaría una extensión del mandato de Sebastián Henríquez.

La izquierda vs el PJ

La interna a la que hace referencia Suárez es la puja entre el sector de Henríquez, del Frente de Izquierda y los Trabajadores, y el kirchnerista Gustavo Correa, que tiene el apoyo del PJ.

Hace tres años, Henríquez dio la sorpresa y rompió la hegemonía del peronismo, que fue dividido a la elección por sus diferencias internas. Esto también fragmentó el poder: aunque la izquierda ganó, debió luchar en minoría dentro del gremio.

En el oficialismo quieren evitar que la ley de educación se transforme en la plataforma de ambos contendientes. "El que pegue más, el que critique más, gana", argumentaron.

Sólo esa situación, dijeron, explica lo que consideran una reacción desmedida ante un borrador que fue presentado para escuchar propuestas y ser modificado todo lo que fuera necesario. Saben que ninguno de los dos sectores en pugna aceptará sentarse a negociar porque eso implicaría perder.

El oficialismo tiene en principio la mayoría en ambas cámaras legislativas para aprobar la ley, pero algunas voces propias así como algunas supervisoras pusieron límites, y el plan es lograr el mayor consenso posible para evitar traspiés y neutralizar reacciones una vez consumada la ley.

Aunque de alcance distinto, mucho más limitado, los caravanazos de la semana pasada hicieron recordar las protestas contra la minería de diciembre pasado, que obligaron a anular la reforma de la 7.722. Esas manifestaciones antimineras tuvieron a la izquierda marchando y al peronismo confundido porque había apoyado la nueva ley convencido.

En el caso del borrador educativo, el PJ no se manifestó en contra desde el principio y hasta aportó en la previa con la idea de la Bicameral de Educación. Pero luego endureció su postura pública y jugó en tándem con Correa para enfrentar al Gobierno.

Borrador modificado

El texto que presentó Thomas es un conjunto de generalidades, buenas intenciones y ambigüedades que, en gran parte, no es muy diferente a la ley vigente. Entre los cambios que proponía, los más cuestionados fueron la omisión de las escuelas artísticas, la inclusión de los municipios como prestadores de educación y tres puntos ligados a los docentes: la puerta abierta a una modificación del estatuto, la compensación en base al "compromiso" y los límites a las manifestaciones en las redes sociales.

Varias de esas críticas fueron escuchadas y se modificó la redacción para evitar dudas, como en el caso de las escuelas artísticas y la potestad del director general de Escuelas de cambiar el estatuto docente. También se eliminó que el salario estará atado al "compromiso" de los docentes.

Igual, desde el gremio enfatizaron que "por más que la ley fuera perfecta", no planeaban sentarse a debatirla en este contexto. "Ahora hay que tratar la situación de emergencia de los docentes, que no han tenido aumentos salariales pese a los mayores gastos que les exige la virtualidad. ¿Qué pasaría si no pueden pagar más el servicio de internet ni arreglar la computadora si se rompe?", repiten.

*Este texto fue publicado originalmente por Los Andes. Se reproduce aquí con la autorización correspondiente.