Son pocas las instituciones estatales que hayan incidido tanto sobre la vida de de las familias de nuestra provincia. Su accionar no sólo tiene impacto sobre el déficit habitacional, sino que influye fuertemente sobre la economía de la provincia, al generar puestos de trabajo e incentivar el consumo y producción de bienes vinculados a la construcción.
El Instituto Provincial de la Vivienda celebra hoy sus 73 años en un contexto histórico muy particular. Que no ha sido el primero, ya que en todos sus años de vida institucional ha tenido que atravesar épocas críticas, donde su labor fue fundamental, como en el caso de la construcción masiva de viviendas para los damnificados del sismo de 1985.
En todas estas coyunturas el IPV ha participado cumpliendo un rol principal en la política habitacional. Tal es así que se han construido más de 100.000 viviendas en todo el territorio provincial a lo largo de su historia.
Pero la tarea no sólo se limita a la construcción de casas. Desde hace varios años que, además de lo cualitativo, se atacó el déficit cuantitativo mediante obras de mejoramiento habitacional y barrial. Cerca de 8.000 familias fueron beneficiadas con ampliaciones, refacciones y completamiento de sus viviendas, necesarias para una calidad de vida más digna.
También, hace más de 15 años, el IPV cumple un papel fundamental en la integración a la trama urbana de barrios vulnerables, mediante obras de urbanización, infraestructura, equipamiento comunitario, obras de completamiento, saneamiento ambiental y desarrollo humano. Con financiamiento internacional del Banco Interamericano de Desarrollo y de la Nación, enmarcadas en diferentes programas, unas 16.000 familias se beneficiaron directamente mejorando notablemente su calidad de vida.
Orígenes y primeros planes habitacionales
El IPV fue creado en un contexto donde la problemática habitacional se convirtió en una política de Estado y la construcción comenzó a ser tenida en cuenta por su efecto multiplicador en lo económico y social.
Mendoza, mediante la sanción de la Ley N° 1.658 de 1947, fue la primera provincia en el país en tener un organismo destinado a atender el problema del acceso a la vivienda, principalmente de los sectores de menores recursos.
Durante los primeros 20 años, el Instituto limitó su accionar al Gran Mendoza, encargándose de la planificación y diseño de conjuntos habitacionales muy populosos. Algunos de ellos fueron: B° Ferroviario, de Ciudad (564 viviendas); B° Laprida, de Godoy Cruz (689); B° Ejército de los Andes, de Guaymallén (282), entre otros. La mayoría de estos barrios se destinaron a familias de afiliados a organizaciones gremiales como bancarios, ferroviarios, viales e petroleros.
Más adelante, en la década del 70 surge el sistema de “Ayuda Mutua” donde se propiciaba la participación de los beneficiarios en la construcción de las viviendas mediante el aporte de mano de obra. Este sistema surgió como una opción en un contexto de escasez de recursos financieros, ya que le permitía al Estado un ahorro, disminuyendo notablemente la inversión en vivienda social. Un barrio construido bajo este programa fue el Infanta de San Martín, de Las Heras.
Un nuevo rol
A partir de la sanción de la Ley Provincial N° 4.203 de 1977, el IPV pasó a tener el status de ente autárquico. Durante este periodo se adoptó el modelo “Llave en mano” con viviendas construidas por empresas contratistas.
La descentralización llegó en 1992, cambiando por completo el accionar del Instituto. Se eliminó la intermediación de la Secretaría de Vivienda para la transferencia de los fondos FONAVI, los cuales comenzaron a acreditarse directamente a las provincias.
A raíz de esto se conformó el Sistema Provincial de la Vivienda, donde cada uno de los actores tiene un rol fundamental. Los municipios se transformaron en los responsables de organizar la demanda. Las entidades intermedias adquirieron protagonismo al presentar sus proyectos, mientras que el IPV asumió el rol de contralor y cobranza de créditos.
Cambio de milenio, otro enfoque
Al inicio del nuevo milenio, luego de la profunda crisis política, económica y social que vivió la Argentina, se puso en marcha un plan nacional de reactivación de la obra pública vinculada a la vivienda.
Pero no sólo se atacó el déficit habitacional cuantitativo, sino que se implementaron nuevos planes cuyos objetivos estuvieron destinados al mejoramiento de las viviendas y de los barrios más vulnerables, a través de obras que apuntan a la inclusión social y urbana.
En la actualidad, el Instituto Provincial de la Vivienda ha optado por un enfoque más global, entendiendo su accionar no solo limitado a la construcción de viviendas sino orientado desde la planificación del territorio.
Con la reciente creación del Laboratorio de Vivienda en al ámbito del Ministerio de Planificación e Infraestructura Pública, se busca hacer proyectos más eficientes, sustentables e innovadores, fomentando el trabajo interdisciplinario e incentivando la participación publico privada.
Entendiendo que el cuidado del medio ambiente es un factor primordial a la hora de pensar los proyectos, y de entregar viviendas que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las familias que allí vivirán.