Durante el contexto de pandemia, la Dirección de Defensa del Consumidor (DDC) aplicó multas y apercibimientos por incumplimiento a la legislación nacional y provincial que regula este organismo. Las sanciones recayeron sobre personas físicas en su carácter de proveedores de bienes o prestadores de servicios con destino a un consumidor o usuario final, y en empresas de distinta envergadura o presencia en el mercado.
Del 27 de mayo al 31 de agosto de 2020, se impusieron 83 sanciones (entre multas en dinero y apercibimientos), lo que representa un monto global de $2.790.000. En tanto que, del 20 de marzo al 31 de julio, se recaudaron $880.507, que fueron destinados íntegramente al fondo provincial para la compra de insumos para combatir al coronavirus.
Las sanciones contemplaron el apercibimiento a comercios minoristas, con objeto de que ajusten sus prestaciones y brinden al consumidor una atención acorde con la normativa. Por ejemplo, numerosos locales carecían de un libro de quejas actualizado o no informaban en sus accesos sobre los medios de pago aceptados.
Ese apercibimiento (o advertencia administrativa) quedó evidenciada, no obstante, en el Boletín Oficial de Mendoza, como constancia de esa acción de la DDC, y será base para una sanción en dinero en caso de que esos comercios continúen sin respetar esas disposiciones.
Es importante destacar que esta repartición habilitó en agosto el sistema de pago de una multa por vía de la página web de ATM, para facilitar el trámite y permitir al ciudadano sancionado y a la empresa multada cumplir con el pago correspondiente, evitando así inconvenientes administrativos posteriores. Este sistema puede observarse en el siguiente enlace: Pago de una multa (procedimiento digital)
Rubros sancionados
Entre las empresas sancionadas con multas dinerarias se encuentran supermercados, hipermercados y entidades bancarias, entre otras.
"Queremos llevar al consumidor y la consumidora de la provincia la tranquilidad de saber que hemos seguido trabajando en pos de defender los intereses de los ciudadanos en materia de sus derechos como consumidores y usuarios, sancionando a quienes no cumplieron con estos ni dieron una solución en una instancia de conciliación", remarcó Mónica Lucero, titular de la DDC.
Además, la funcionaria provincial indicó que las personas que no hayan tenido una solución efectiva por la vía administrativa pueden proseguir su denuncia por la vía judicial para accionar, si fuera el caso, por presuntos “daños y perjuicios”. El juez o jueza interviniente en la causa deberá considerar si la empresa, cuando pudo hacerlo, solucionó o no el conflicto denunciado u ofreció una alternativa viable de resolución.