El ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia, Dalmiro Garay, junto al director general de Escuelas, Jaime Correas, presentaron ante la Cámara de Senadores de la provincia un proyecto de ley que reconoce al docente como sujeto de protección. Correas señaló que "frente a los hechos concretos de violencia, debemos dar herramientas que acompañen a los docentes y que les proporcione la seguridad y la asistencia de estos casos".
El Gobierno busca crear la figura del "defensor docente", que incluye el asesoramiento jurídico gratuito, la figura del asesor de menores incapaces para realizar denuncias y el endurecimiento de sanciones para quien agrede a un maestro/a.
Una de las primeras acciones que se deben realizar está vinculada a la obligación que tiene el docente y el equipo directivo de denunciar todos los hechos de abuso y maltrato.
Lo que se propone en este nuevo proyecto de ley es que la denuncia se va a hacer ante el asesor de menores incapaces y es el defensor el que va a tener la obligación de que hacer la denuncia a la Fiscalía. Esta acción se hace para proteger al docente, ya que muchas veces viven en la misma zona que los padres agresores, y también ayudará a no estigmatizar al menor por los actos cometidos por sus tutores. De esta manera, ni el docente agredido ni el equipo directivo tendrán que trasladarse hasta la comisaría.
El ministro Dalmiro Garay sostuvo que se incorpora "un nuevo derecho al docente en su estatuto, y la posibilidad de que un abogado del Estado lo asesore y represente de manera gratuita para presentar una denuncia penal o constituirse como querellante cuando sea objeto de delito o de una falta".