En Mendoza asciende el número de imputados por violar el aislamiento social, preventivo y obligatorio dictado por el Gobierno nacional. Desde que decretaron la cuarentena, ya son 1.137 las personas que no respetaron la medida en la provincia.
El procurador general, Alejandro Gullé, informó que dictó una resolución para que los imputados hagan trabajos gratuitos para el Estado, lo que también se conoce como trabajos en beneficio de la comunidad, en hospitales y centros de salud, principalmente, como también en comisarías, escuelas u oficinas fiscales.
"Dicté una resolución en el que le pido a los fiscales que además de penas soliciten reglas de conducta que deben consistir en trabajo gratuito a favor del Estado en hospitales públicos o centros de salud, conformes a las capacidades aptitudinales de los imputados o en su defecto en las escuelas, municipios, comisarías u oficinas fiscales", indicó Gullé.
"La persona que abiertamente violó con clara intención de burlar las normas o que son reiterantes, les he pedido a los fiscales que impongan condena. Que son dos meses de prisión en suspenso más estas instrucciones que he ordenado. Esas personas no van a conseguir un certificado de buena conducta", confirmó el jefe de los fiscales mendocinos al aire de radio Nihuil.
Además, resaltó que solicitó la prisión para aquellas personas que actuaron con reiterancia. Y agregó: "El que ya tenga una condena, irá a la cárcel".