La destrucción forma parte de la estrategia global para el desarme desplegada por el Gobierno nacional, puesta en marcha a través del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego al cual la provincia adhiere desde 2007. Desde julio de 2016, Mendoza es pionera en llevar adelante la incorporación de armas judicializadas decomisadas en el registro de la ANMAC (Agencia Nacional de Materiales Controlados, anteriormente RENAR).
"Serán destruidas y controladas cientos de armas judicializadas", anunció el Gobernador Alfredo Cornejo. En apenas 6 meses, se han logrado registrar 7.000 armas, 3.500 en el Poder Judicial y otras 3.500 en el Ministerio de Seguridad. La medida responde al diseño de políticas públicas que permiten el continuo cruce de información a los fines de sacar de circulación las armas ilegales. "A menor cantidad de armas, menor cantidad de delitos", detalló Cornejo.