Según el decreto 1953 del Boletín Oficial del pasado 27 de agosto de 2019, el agente estatal cumplía funciones en el Centro de Contacto Ciudadano dependiente de la Subsecretaría de Gestión Pública y Modernización, Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia.
El administrativo nunca se presentó a ejercer su derecho de defensa en ninguna etapa del proceso. De esta manera quedó cesante la relación que lo vinculaba con el Estado Provincial.
El subsecretario de Gestión Pública y Modernización del Estado, Ulpiano Suárez, destacó que "este caso es el primer sumario resuelto aplicando el nuevo régimen disciplinario de empleado público con el funcionamiento de la Oficina General de Sumarios. La resolución de los casos relacionados con las faltas injustificadas puede hacerse en un tiempo de 4 a 6 meses, diferente de los 4 años que se demoraba cuando asumimos la gestión".
"Una modificación legislativa impulsada por el Ejecutivo Provincial, referida al régimen disciplinario con la creación de la oficina de sumarios, demuestra que los cambios fueron positivos. Nos permite cumplir con las metas fijadas: mayor agilidad en la resolución de los sumarios, garantizando el derecho de defensa del empleado público, lo que produce un impacto positivo tanto para el Estado como para el empleado público", agregó Suárez.
Oficina General de Sumarios
La Oficina General de Sumarios, es la encargada de investigar las supuestas faltas cometidas por empleados públicos. Esta nueva dependencia se encargará del seguimiento de los sumarios iniciados luego de octubre de 2018. En tanto, el Gobierno estableció un plazo de 5 meses para cerrar los casi mil expedientes en trámite.
La centralización de las faltas administrativas en la Oficina General de Sumarios permite transparencia, celeridad en la resolución de los sumarios y mayor profesionalismo, al contar con abogados abocados sólo a ese tema y por ello, no es necesario el trabajo de las oficinas jurídicas de cada ministerio o secretaría para esos temas.
La sanción de esta ley permitió establecer la oficina y regular todo el procedimiento sumarial que tenía grandes deficiencias en el Estatuto (data de 1973). Además, durante la revisión los plazos son más claros, con mayor certeza en las etapas del sumario, lo que le otorga garantías no sólo al sumariado sino también al administrado, ya que cuando haya una falta administrativa, el funcionario o agente que la cometa será sancionado.