Ingresó formalmente a la Legislatura esta mañana la reforma de la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad Nº 8465, anunciada ayer por el el Gobernador Alfredo Cornejo durante la apertura de sesiones ordinarias. La misma propone que sea obligatorio el trabajo en presos.
El proyecto se funda en la noción de que “tanto el delito como la reincidencia han crecido a niveles inusitados en la Argentina” y en el hecho de que “los fines primordiales por los cuales se sancionó la Ley 24660, hace 20 años, no se han cumplido”. En ese sentido, los tres ejes que promueve el proyecto para conseguir disminuir los índices de “reiterancia” y reincidencia son trabajo, educación y capacitación.
El ministro de Seguridad, Gianni Venier comentó que “la reforma le dará plena vigencia a la aplicación de la Ley 8465 y prevé la incorporación de algunos artículos que establecen la necesidad del trabajo como pilar del sistema de conducta durante el encierro. Durante años se ha interpretado que el interno debe recibir sus alimentos del Estado, pero nada se ha dicho de su manutención y de sus obligaciones, que son abonadas por los impuestos de los ciudadanos”.
"Es por esta razón que se agregará un elemento esencial, como lo es la comprensión de la situación de la víctima. Es necesario que la víctima juegue un papel importante, obteniendo una reparación de quien le causó un daño. “Es decir que el privado de libertad deberá financiar los gastos que su estancia demande y trabajar para indemnizar a la víctima”, expresó Venier.