La falta de quórum impidió este miércoles el tratamiento en la Comisión de Acuerdos de la cámara alta de los pliegos de once jueces y tres defensores oficiales pendientes de aprobación. Entre los pliegos está el de Pedro Hooft, aspirante a juez federal de Mar del Plata.
El funcionario, objetado por organismos defensores de los derechos humanos y el kirchnerismo por haber defendido en un juicio a su padre, del mismo nombre, en un caso de delitos de lesa humanidad.
Pedro Hooft padre fue juzgado en 2006 por su actuación durante los secuestros y desapariciones de abogados laboralistas en Mar del Plata en el hecho conocido como "La noche de las corbatas" en julio de 1977 durante la pasada dictadura militar.
También, los organismos de defensa de los derechos humanos objetan que Hooft hijo, postulado para presidente del juzgado federal 1 marplatense, realizó una grabación clandestina al fiscal Claudio Kishimoto a cargo de la causa en la que fue juzgado su padre.
Ayer la Comisión de Acuerdos del Senado que preside el salteño Rodolfo Urtubey iba a tratar el pliego de Hooft y los de otros diez designados jueces a propuesta del Poder Ejecutivo.
Pero la ausencia de los senadores kirchneristas Marcelo Fuentes, presidente del bloque Frente para la Victoria, y la mendocina Anabel Fernández Sagasti, dejó con siete integrantes a la comisión (el quórum es de nueve), por lo que Urtubey tuvo que levantar la audiencia.
El lunes pasado el bloque kirchnerista había recibido a dirigentes de organismos de derechos humanos que le comunicaron sus observaciones sobre la designación de Hooft hijo. Entre los presentes estuvo la senadora y ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, autorizada a hacerlo por el tribunal oral que la juzga por el supuesto desvío de obra pública en Santa Cruz entre 20013 y 2015.
El rechazo del kirchnerismo a Hooft se enmarca en una pelea mayor relacionada con los nombramientos de jueces propuestos por el gobierno de Cambiemos con el argumento de que el oficialismo intenta concretar un "copamiento de la Justicia" y entiende que los más de 60 pendientes no deben aprobarse sino hasta después de las elecciones.
A esta posición terminó por adherir sin declaraciones públicas la mayoría de los integrante del Bloque Justicialista, pese al compromiso de avanzar en las designaciones de parte de su presidente, el antikirchnerista Miguel Angel Pichetto.