Tras la cuarta Sesión Ordinaria del Consejo Asesor Observatorio Cuestión Malvinas (CAOCM) se aprobó, en votación dividida, el asesoramiento y consejo al Poder Ejecutivo Provincial de Tierra del Fuego, para la declaración de "personas no gratas" a funcionarios del Servicio Exterior de la Nación y de la Dirección Nacional del Antártico/Instituto Antártico Argentino. Todos los funcionarios involucrados cuentan con larga trayectoria al servicio de la Cancillería Argentina. Los votos a favor se dieron bajo el argumento de que los funcionarios, habían tenido participación en la redacción del "Acuerdo Foradori-Duncan", labrado en 2016.
Ante esta situación, el Secretario de Malvinas, de Tierra del Fuego, Andrés Dachary aclaró que "la decisión por parte del Gobierno de la Provincia en cuanto a esta recomendación del CAOCM es desestimarla en todos sus términos y alcances, por infundada e improcedente por injuriosa, decisión que ya ha sido oficialmente comunicada por mi persona a los integrantes del CAOCM el pasado 2 de noviembre, Sesión en la cual los miembros presentes resolvieron archivar tal recomendación".
Esta decisión fue comunicada oficialmente a los funcionarios afectados. Dachary remarcó que, "las Resoluciones y Recomendaciones que emanan del CAOCM, amén de no ser vinculantes, según el artículo quinto del Estatuto del cuerpo colegiado, no expresan de modo alguno la posición del Estado Provincial".
Asimismo, agregó que "las personas e instituciones que conforman el CAOCM pueden tener miradas críticas respecto a la forma en la cual fue administrada la Cuestión Malvinas a lo largo de las distintas gestiones nacionales, pero esto no puede traducirse en una especie de caza de brujas hacia funcionarios profesionales de la Cancillería argentina, jugando livianamente con su honorabilidad".
Finalmente, el Secretario de Malvinas, resaltó que la Cuestión Malvinas es una política de Estado y debe unir a todos los argentinos en pos del objetivo común reflejado en la Cláusula Transitoria Primera de la Constitución Nacional. En ese marco, el respeto de las instituciones y de su funcionamiento democrático y republicano no puede ser avasallado para instaurar prácticas persecutorias que afecten, de manera discrecional e infundada, el buen nombre y honor de cualquier compatriota como una supuesta medida reivindicatoria".
