Leonardo González
Ernesto Alonso, secretario de Derechos Humanos del Centro de Excombatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM), criticó que la justificación de la jueza Mariel Borruto de "falta de espacio" no es casual para seguir demorando la indagatoria a los oficiales de la Armada acusados de torturas en las Islas Malvinas.
En declaraciones al diario Perfil, el doctor Alonso aseguró que "Borruto fue secretaria del juzgado. Es una persona que conoce la causa y que está para garantizar el servicio de justicia. Entonces una vez que asume como jueza no puede justificarse de que le falta espacio físico".
Hugo Robert, otro de los integrantes del Centro, aseguró que a su entender el proceso no avanza porque hay un "fuerte lobby militar para que no se sepa toda la verdad sobre la guerra. No ocultamos las actuaciones honrosas que tuvieron muchos miembros de las Fuerzas Armadas pero también alertamos sobre la existencia de torturas y graves violaciones a los derechos humanos que sucedieron en las islas, por parte de oficiales y suboficiales del Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina".
Cabe indicar que el CECIM presentó un recurso para que la jueza Mariel Borruto revise su decisión de aplazar las indagatorias sin fecha fija, pero hasta el momento el incidente está sin resolver.
"La resolución de la magistrada fue objetada a través de un recurso de reposición, pero más allá de eso nosotros expresamos nuestra preocupación por una dilación más en el proceso que lleva 12 años de iniciado y que investiga hechos sucedidos hace 37 años", sostuvo el abogado del CECIM, Jerónimo Guerrero Iraola y agregó que "el Estado debe cumplir la obligación internacional de acceso a la justicia. Hablamos de derechos fundamentales. No se puede seguir revictimizando a los soldados. La jueza hablará por sus fallos y nosotros actuaremos en consecuencia".
Al asumir en su cargo, la jueza Federal Mariel Borruto tenía entre algunas acciones pendientes del juez Federico Calvete, quien subrogó el cargo, la citación a declaraciones indagatorias de los 18 exmilitares acusados de cometer actos de torturas hacia soldados de su propia tropa durante la guerra de Malvinas.
Las indagatorias debían realizarse entre el 27 de junio y el 4 de julio de este año, pero luego de su asunción en el cargo, la jueza Mariel Borruto postergó esas medidas, señalando que no cuenta con espacio físico ni con recursos humanos para poder llevar adelante ese procedimiento judicial.