Pidieron la prisión preventiva para el marido de Carolina Píparo por “tentativa de homicidio”

La fiscalía pidió este lunes la prisión preventiva para el marido de la diputada provincial Carolina Píparo, Juan Ignacio Buzali, que está detenido y acusado de intentar matar a dos motociclistas a los que atropelló el 1° de enero en La Plata al confundirlos con motochorros.

El pedido fue formulado por la fiscal Eugenia Di Lorenzo, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 17 de La Plata, que le imputa a Buzali el delito de “homicidio en grado de tentativa”.

Ante el pedido de la fiscal, ahora será la jueza de Garantías de la causa, Marcela Garmendia, quien definirá si Buzali permanecerá en prisión o si es liberado.

El caso

Píparo denunció que fue asaltada por tres parejas de “motochorros” la madrugada del 1° de enero en la calle 47, entre 15 y 16, cuando Buzali estacionó para dejar a su papá en su casa.

Según la legisladora, cuando se dirigía con su esposo a realizar la denuncia a bordo de su Fiat 500L negro con techo blanco, volvieron a ser interceptados por los que creyeron que eran los mismos delincuentes que los habían asaltado.

En la calle 21 y 40, Buzali chocó por detrás a una de las motos en la que viajaban dos jóvenes a los que dejó tirados en el piso.

La pareja se alejó en el auto sin asistir a los dos jóvenes, identificados como Luis Lavalle (23) y un adolescente de 17 años, que resultaron heridos.

A pedido de la fiscal Di Lorenzo, Buzali fue detenido el 9 de enero último como acusado del “doble homicidio en grado de tentativa” de estos motociclistas.

En su declaración indagatoria afirmó que “lo que pasó fue un infortunio y un accidente”, que “jamás” quiso “lastimar a nadie”, y que al momento del hecho estaba “nervioso, abrumado y temeroso” pero “no enojado” ni alcoholizado.

Para la fiscal Di Lorenzo, Buzali conducía a “toda velocidad” y embistió “de lleno” a las víctimas, y no se advirtió “ninguna maniobra de esquive”.

Por su parte, la jueza de Garmendia rechazó dos pedidos de excarcelación interpuesto por los abogados de Buzali por considerar que existen riesgos procesales si el acusado recupera la libertad.