En relación a la cantidad de llamados "anónimos" que se registraron a lo largo de todo el año a distintas instituciones escolares, alertando sobre la "presencia de bombas"; La Plata, Berisso y Ensenada aseguraron que sus pérdidas alcanzaron la preocupante suma de $540 mil por jornada.
Debido a la situación, las autoridades tanto policiales como judiciales, y la DDI de La Plata, crearon un Gabinete de Intervención en Intimidaciones Públicas para trabajar con el fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta, quien centralizará todas las investigaciones de amenazas.
Desde que el nuevo régimen empezó a ejecutarse, se han notado las diferencias. "Hemo visto el impacto. Para la primera semana de octubre las amenazas de bombas a escuelas descendieron a un promedio de ocho casos diarios", detalló un vocero policial a Infocielo.
El protocolo cuenta con una investigación que se realiza una vez recibida la llamada, se registra el lugar del celular, se secuestra el aparato y luego se determina la sanción para la persona.
Por su parte, un vocero judicial confirmó que Fiscalía de Estado iniciará acciones legales dentro del ámbito civil para que la progenitora del menor pague los gastos económicos ocasionados por las bromas de su hijo.