El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) denunció las condiciones de hacinamiento que padecen los detenidos de las cárceles y comisarías bonaerenses y que los lugares de encierro carecen de los servicios de sanidad adecuados.
De acuerdo a un relevamiento presentado en el Senado bonaerense el cupo se incrementó más de un 20 por ciento en los últimos tres años, la cantidad de personas privadas de su libertad pasó de 37.441 a 45.837.
El informe detalló que al 30 de mayo de 2019 había 43.445 detenidos en unidades penales, más 1.029 en alcaldías departamentales y 1.963 con monitoreo electrónico.
La CNPT remarcó que el 48,79% de las personas privadas de su libertad no cuenta con condena firme.
La Unidad 31 de Florencio Varela fue uno de los ejemplos incluidos en el informe, allí se detectaron celdas de 3 metros por 2,5 metros que alojaban a 6 detenidos y si bien la capacidad, según datos del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), es de 450, al momento de la inspección había 998 personas.
La Unidad 2 de Sierra Chica tiene una capacidad de 1.040 y al momento de la inspección había 1.905 personas, detalló el informe.
Más de un tercio de las comisarías que alojan detenidos han sido clausuradas por orden judicial a raíz de las graves condiciones de detención.
El CNPT también advirtió que en 2018 se produjeron 133 muertes de personas bajo custodia, mientras que en 2014 habían sido 119.
"En el 2018 se detecta un gran crecimiento en los fallecimientos caratulados como 'averiguación de causal'", señaló el informe, en el que se recordó que en noviembre pasado se produjo el incendio de la comisaría de Esteban Echeverría, en el que murieron diez personas, lo que "es una muestra de la falta de cumplimiento de las órdenes judiciales ya que sobre la misma pesaba una orden de clausura y había sido objeto de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos".
Respecto a los Servicios de Sanidad inspeccionados, la CNPT indicó que "no cuentan con recursos humanos e insumos para la asistencia primaria de pacientes en cantidad suficiente" y que "la demanda espontánea de personas privadas de libertad con problemáticas emergentes agudas es atendida tardíamente y en forma limitada".
Muchas presas denunciaron haber sufrido amenazas por parte de los efectivos del SPB, quienes "amedrentan con prohibir el contacto con sus hijos/as si no se comportan de determinado modo", añadió el informe.
En cuanto lo que se refiere a la población trans y cis, estos detenidos "narraron distintos acontecimientos de maltrato y agresiones que padecen durante los traslados debido a su condición, como así también durante las requisas".