Eduardo Sánchez
Abierta semanas atrás una controversia por la mecánica de sorteo adoptada por el Ministerio de Educación de la Provincia para asignar vacantes para el ingreso a primer año del nivel secundario en casos de establecimientos cuyo cupo se vio superado por la demanda, los jueces del Tribunal Contencioso Administrativo -Sala II- rechazaron la acción de amparo interpuesta en ese fuero por un grupo de padres de alumnos que reclamaban inscribir a sus hijos en establecimientos educativos de su preferencia.
Con esto, la Justicia confirmó la legalidad y legitimidad de las resoluciones dictadas por el estamento ministerial, por lo cual “se mantiene el sistema de sorteo a los efectos de acceder a la secundaria”, indicaron voceros oficiales.
El procurador general de la Fiscalía de Estado, Mariano Zurueta, dijo que “el Tribunal entendió que no existe arbitrariedad y tampoco ilegalidad manifiesta que tornara procedente la acción de amparo”, a la par de acotar que “muchas cuestiones planteadas” por los padres “no fueron acreditadas” durante el trámite.
Describió también el funcionario que con más de 9.500 inscriptos en el sorteo, en un primer momento suscribieron el reclamo ante la Justicia 111 padres de alumnos, “de los cuales desistieron la mitad, por lo que quedaron sesenta actores que no acataron el sistema, según figura en el expediente C-168.699/20 radicado ante el Tribunal Contencioso Administrativo Sala II”.
En la documentación presentada a los jueces -agregó Zurueta- “se expuso el orden de prelación a tener en cuenta, el cual ubicaba en primer lugar a las personas discapacitadas, luego a los abanderados y en tercer lugar a los hermanos de alumnos”.
Según trascendió, el medio centenar de padres que resisten la metodología del sorteo para la distribución de alumnos apelarían la decisión de la Sala II del Tribunal Contencioso Administrativo que preside el juez Raúl Fernando Pedicone, quien había sido fuertemente criticado por el oficialismo cuando se hizo eco de la acción de amparo de los padres de los estudiantes que egresan del nivel primario, ordenando la suspensión del procedimiento que ahora fue avalado.
Pero mientras el Gobierno celebraba esta novedad, tomaba estado público un planteo de la Asociación de Educadores Provinciales (ADEP) atacando las resoluciones 2.360 y 2.365 del Ministerio de Educación referidas al llamado a concurso de antecedentes para el traslado de directores y vicedirectores titulares de escuelas de 1.ra y 2.da categoría de Educación Inicial, Educación Primaria y modalidad Educación Especial.
En este sentido la dirigencia sindical hizo “presentaciones legales” sosteniendo que la posición adoptada por la autoridad educativa “vulnera derechos a la libre elección del establecimiento” al que quiere ser trasladado el directivo docente, “limitando la inscripción a la Región educativa de su domicilio, basándose en el decreto acuerdo N° 1.807”.
Interpreta ADEP que dicho dispositivo representa “una clara violación de la normativa establecida en nuestro Estatuto del Docente ley 2.531”, lo que da lugar a argumentar que “ningún decreto puede estar por encima de una ley” y en función de esto es que la entidad presentó en la Justicia un “recurso de revocatoria a dichos actos resolutivos”.