El Tribunal en lo Criminal Nº 3 de Jujuy condenó a tres años y seis meses de prisión a un abogado del foro local por considerarlo autor material y responsable de “instigación a cometer delitos, incitación a la violencia colectiva y alzamiento o motín en concurso real” en ocasión de reunirse con “piqueteros” en los cortes de rutas montados en el territorio jujeño en junio pasado en protesta contra la reforma de la Constitución provincial.
Se trata de Alberto Nallar, profesional allegado al equipo de defensores de la dirigente Milagro Sala y quien según la acusación de la fiscalía, entre el 17 de junio y el 10 de julio se presentó en diferentes cortes instalados en las rutas nacionales nº 66 y nº 9, donde actuó “instigando públicamente” a los manifestantes a que continuaran ejerciendo “la interrupción de los servicios públicos y transporte vehicular”.
Nallar fue acusado también de que “con la finalidad de provocar y promover actos de violencia colectiva en contra de los miembros de los poderes públicos” de Jujuy, “realizó manifestaciones en ese sentido, motivando a las personas para que cometan el delito de motín y sedición, alzándose en contra de la Constitución de la Provincia”.
En ese marco los fiscales Diego Funes y Walter Rondón, jefes de las Fiscalías Especializadas en Delitos Económicos y Contra la Administración Pública nº 1 y nº 2 del Ministerio Público de la Acusación (MPA), habían solicitado la pena de cinco años de prisión para Nallar, a lo que adhirió la querella en representación del Estado Provincial, a cargo de Sebastián Albesa y Juan Silva.
El Tribunal actuante emitió sentencia de tres años y seis meses de prisión y dispuso que una vez quede firme la sentencia “se proceda a la inmediata detención del condenado”, que además deberá hacer frente a un embargo solicitado por los órganos acusatorios en concepto de reparación económica a favor del Estado provincial, informaron voceros del Poder Judicial.
“VIVAMOS EN PAZ”, PIDIÓ NALLAR
Estos “tres años y medio los voy a cumplir gozoso porque mi conciencia está con el pueblo”, dijo Nallar a las puertas del edificio de los Tribunales tras la audiencia condenatoria. Allí lo esperaban integrantes de comunidades originarias y de otros sectores que habían montado una permanencia para darle su apoyo.
El abogado vinculado a Milagro Sala había sido detenido a mediados de julio acusado por supuesta “instigación a cometer delitos” y “alzamiento público”, lo que derivó en expresiones de rechazo de grupos de abogados jujeños que consideraron “amenazado” el ejercicio de la profesión en la provincia.
“Vivamos en paz y sepamos que lo que estamos haciendo es lo correcto. Continuemos trabajando por la libertad del pueblo”, agregó Nallar a la vez que instó a los activistas a que se siga en la “lucha por recuperar el estado de derecho en la provincia”, terreno en el que criticó el funcionamiento de la Justicia local afirmando que está “cumpliendo órdenes de un malviviente como el Gobernador de la Provincia”, acusó.
“Esta es la confirmación de que Morales ha capturado al Poder Judicial”, sostuvo, a la vez que reprochó en particular la actuación del juez Mario Ramón Puig, quien presidió el tribunal enjuiciador integrado además por la jueza Ana Carolina Pérez Rojas y su par Luciano Yapura.
Quejándose del proceso, Nallar relató que hubo un “único testigo” en su contra, que fue el fiscal de Estado de la Provincia, Miguel Rivas: “Es el que me denunció, luego se constituyó en querellante y finalmente terminó siendo testigo de cargo”, señaló, para finalmente afirmar que la Justicia local “responde de modo militar a las órdenes de Morales”.
En julio pasado los fiscales Rondón y Funes expusieron a la prensa local un informe sobre el avance de las investigaciones en torno a los graves disturbios ocurridos el 20 de junio en las afueras de la Legislatura, oportunidad en la que confirmaron la detención de Nallar, argumentando que “el imputado se presenta en los piquetes para incitar a la gente a tomar el poder, desconocer al Poder Judicial, a no recurrir a la Justicia y optar por las vías de hecho para pedir la intervención a la Provincia y la derogación de la Constitución Provincial”, describió entonces Rondón.
Con información de Télam
