A partir de un anteproyecto remitido por el Poder Ejecutivo, la Legislatura de Jujuy sancionó la ley nº 6.349 que dispone la creación de una Comisión Especial Investigadora en ese propio ámbito legislativo, teniendo como misión efectuar un pormenorizado “análisis, evaluación y esclarecimiento de los hechos y circunstancias del ataque” producido el pasado 20 de junio al edificio parlamentario.
“Es responsabilidad de los que conformamos la Cámara averiguar qué pasó, cómo fue orquestado el agravio que sufrió el pueblo y la Legislatura”, dijo el diputado provincial Santiago Jubert en el transcurso de la tercera sesión ordinaria del cuerpo.
El articulado de la ley 6.349 establece asimismo que en la investigación de los hechos violentos ocurridos contra la sede de la Legislatura mientras en su recinto de sesiones deliberaba la Convención Constituyente, la Comisión Especial Investigadora deberá el analizar “el desarrollo de las acciones desplegadas para repeler el ataque por el Gobierno y el desempeño de las fuerzas de seguridad”.
UNA INVESTIGACIÓN A FONDO
En su argumentación a favor de la creación de esta Comisión, el diputado del frente Cambia Jujuy defendió la pertinencia de que el Poder Ejecutivo enviara la iniciativa a la Legislatura “porque el pueblo gobierna a través de sus representantes”, además de resaltar la importancia de “que el pueblo sepa que esta institución se preocupa por saber qué pasó”, porque ante la gravedad de los hechos “tenemos que saber cómo fue sostenido, trabajado, financiado lo que sucedió” ese lunes en San Salvador de Jujuy, dijo Jubert.
De acuerdo a lo estipulado en la norma, la Comisión Especial Investigadora estará integrada por nueve diputados que serán designados por el Presidente de la Cámara, respetando la pluralidad de representación, y tendrá un presidente y un vicepresidente.
Puntualiza el texto aprobado por mayoría que esta Comisión “tendrá entre sus facultades solicitar a través de su presidente informes, documentos, antecedentes y todo otro elemento que se estime útil, a cualquier organismo público o a personas físicas o jurídicas públicas o privadas; citar a funcionarios públicos y tomar declaraciones testimoniales; emitir dictámenes e informes con recomendaciones al Poder Ejecutivo y a la Legislatura; y denunciar ante el Poder Judicial todo hecho u omisión, surgido de la investigación, que pudiere constituir ilícito”.
Voceros parlamentarios señalaron a su vez que las sesiones que realice la Comisión “serán públicas, salvo aquellas que sean declaradas secretas, y podrán participar, como observadores, quienes estén interesados”.
A esos efectos “se habilitará redes sociales, por las que serán transmitidas en vivo” las sesiones, se informó.
DESIGNACIONES EN LA JUSTICIA Y DEFENSORÍA DEL PUEBLO
En otro orden de cosas, la Legislatura aprobó los pedidos de acuerdo remitidos por el Poder Ejecutivo para designar a los abogados Roberto Assef y Salvador Ortiz como jueces de control en la jurisdicción de San Salvador de Jujuy.
Al respecto, en su carácter de presidente de la Comisión de Asuntos Institucionales, el diputado Ramiro Tizón explicó que los postulantes aprobaron los concursos de oposición y antecedentes con elevadas puntuaciones, al tiempo que afirmó que en las entrevistas de rigor mantenidas con miembros de esa Comisión, Assef y Ortiz “demostraron cumplir con la idoneidad profesional y personal para desempeñar los cargos”.
Asimismo, la Cámara de Diputados aprobó la resolución n° 5/23 que designa al abogado Pablo Lavilla como defensor adjunto segundo de la Defensoría del Pueblo de la Provincia.
